Poco después del golpe de Estado de abril de 2002 y del paro patronal y sabotaje petrolero de finales del mismo año y principios de 2003, el general Wilfredo Ramón Silva aseguraba que lo que estaba ocurriendo en Venezuela tenía notables similitudes con la estrategia que se siguió para derrocar a Salvador Allende en Chile. Tras el fracaso del golpe y del paro, otra de las variables del «modelo chileno» ha cobrado fuerza en Venezuela: el acaparamiento de alimentos y desabastecimiento artificial provocado por sectores privados pertenecientes a la burguesía nacional.

Si en Chile las famosas JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios), expresión de la comunidad de vecinos organizada para asegurar la distribución de alimentos entre los sectores populares, jugaron un papel central para enfrentar la guerra alimentaria inducida por la oposición, en Venezuela, los Consejos Comunales, junto al Ejército y el Gobierno, pueden ser determinantes para superar la política de acaparamiento que desde hace bastantes meses lidera la burguesía criolla.

A lo largo de 2007 se fue fortaleciendo esta estrategia, considerada por ciertos analistas como una «guerra de baja intensidad». El acaparamiento, por la industria privada, de alimentos de consumo masivo como la leche, el arroz, la harina de maíz, legumbres..., unido al aumento de la demanda por la mejora del poder adquisitivo de las grandes mayorías, ha provocado un efecto inflacionario muy fuerte, afectando la marcha de la economía del país. El método empleado ha sido efectivo: esconder grandes cantidades de productos básicos, provocando un impacto visual de desabastecimiento en grandes supermercados, donde estanterías enteras están vacías, lo que genera angustia y desasosiego en el consumidor. Paralelamente, en días concretos las estanterías se llevan para provocar compras masivas e irracionales de ciudadanos atemorizados por la «crisis alimentaria» anunciada por los medios de comunicación privados. Finalmente se señala al Gobierno como responsable del desabastecimiento, por no liberalizar los precios y la importación de alimentos.

En las semanas previas a la celebración del referéndum sobre la propuesta de reforma de Chávez, el desabastecimiento se acentuó, y al día siguiente, el 3 de diciembre, todos los grandes supermercados amanecieron repletos de comida. Parece evidente la intencionalidad, e incluso la rentabilidad política, ya que este factor fue uno de los que incidieron en la primera derrota electoral del chavismo en 9 años de Gobierno.

Por tanto, no parece desacertado hablar de «golpe suave» o «golpe de mecha lenta». Tras el fracaso de las medidas más drásticas y violentas -golpe y sabotaje petrolero-, ahora parece que nos encontramos ante un modelo más lento y prolongado en el tiempo, que vaya minando poco a poco al Gobierno bolivariano, generando además apatía y desilusión entre sus bases. Es innegable que, hasta la fecha, esta política está brindando sus frutos a la oposición, no tanto por sus aciertos sino más bien por los errores u omisiones del Ejecutivo venezolano.

El conflicto fundamental aquí es entre dos concepciones antagónicas en términos de modelo productivo: por un lado, el proyecto de soberanía alimentaria enarbolado por la Revolución Bolivariana, sustentado en el aumento de la producción nacional, protegida por el Estado y dando prioridad al consumo interno; y por otro lado, el modelo transnacional, favorable a la competencia en un marco globalizado, donde por supuesto los subsidios a la agricultura autóctona y al pequeño campesino desaparecen.

medicamentos y productos para bebés

Si en los primeros meses privilegiaron el acaparamiento de alimentos de consumo masivo, en los últimos tiempos han ampliado su radio de acción, haciendo desaparecer medicamentos de uso habitual, elevando así los niveles de nerviosismo colectivo. Además, se especula con la posibilidad de que en breve comiencen a bloquear la venta de productos para bebés, tocando un punto muy sensible para millones de familias.

Pero el problema principal no se encuentra en la supuesta efectividad de la estrategia de la burguesía venezolana, sino en la débil respuesta del Gobierno de Chávez. El funcionamiento de la Misión Alimentación, que en sus inicios, tras el paro patronal, fue un éxito como modelo de venta masiva de alimentos a precios populares, se ha deteriorado por la ineficiencia y la corrupción, y requiere una reorientación radical. La tibieza de las medidas de castigo contra el acaparamiento, está estimulando la masificación del fenómeno, ya que las penalizaciones monetarias no resultan lo suficientemente contundentes para hacer retroceder estos hechos delictivos. La impunidad aparece de nuevo como uno de los males endémicos del país. Además, la incoherencia entre un discurso amenazante y una práctica inconsistente está mermando la credibilidad del Gobierno. Hace más de un año que el presidente advirtió a los acaparadores con la posible expropiación de sus empresas si continuaban con la misma dinámica, pero hasta hoy nadie ha sido todavía penalizado.

Es innegable que existe un sentimiento de apatía entre vastos sectores que apoyan la Revolución, que observan cómo no se están tomando medidas drásticas contra el «golpe suave». En las últimas semanas, sin embargo, se han producido cambios positivos, como la creación de la empresa estatal PDVAL (Producción y Distribución Venezolana de Alimentos), para asegurar el abastecimiento de productos básicos, y la retención de decenas de camiones que trasportaban alimentos de contrabando a Colombia. Tras derrotar a la burguesía en el golpe y el paro patronal, el gran reto del Gobierno es ahora conseguir doblegar el «golpe de mecha lenta».

Reparto de alimentos básicos en una localidad de Venezuela.