El acuerdo de colaboración, que es rechazado por EAE-ANV y la plataforma UDA de Urnieta, recoge la aportación de 960.000 euros de la Mancomunidad de San Marcos al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, que permitirá que las basuras de más de 300.000 personas sean depositadas en los vertederos de Sasieta, Urteta y Lapatx.

Las previsiones son de que los residuos de San Marcos, que debía haberse cerrado el 31 de diciembre de 2006, lo dejen de hacer para «el 15 de marzo», y en todo caso seguro «antes del verano», según aventuró ayer el diputado foral de Desarrollo Sostenible y presidente del Consorcio, Carlos Ormazabal.

Ormazabal adujo «cuestiones técnicas» a la hora de no concretar la fecha de cierre, ya que los vertederos receptores van a recibir «el doble de residuos de los que reciben normalmente», lo que obliga a ir acordando progresivamente su traslado para no perjudicar su gestión.

En cuanto a los malos olores emitidos por San Marcos, afirmó que se trata de un tema que «no se cerrará en un día» puesto que el sellado de un vertedero «conlleva un tiempo»; lo que sí aseguró es que San Marcos, una vez se cierre, «no volverá a recibir una bolsa de basura más».

En la reunión de Miramon se aprobó la constitución y estatutos de la sociedad Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, con una dotación al capital inicial de un millón de euros y que se encargará de la gestión de los residuos en alta y la ejecución de las infraestructuras para ello.

La asamblea nombró a 10 vocales y a los 12 consejeros del consejo de administración de la sociedad, cuyo presidente y vicepresidente serán Carlos Ormazabal y Denis Itxaso, y se aprobó el convenio, presentado a sugerencia del Ayuntamiento de Donostia, para que uno de los miembros del consejo de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa sea miembro del Consistorio.

Finalmente, se abordó un estudio «bastante exhaustivo» de las alternativas a los distintos procesos de pretratamiento que «se estilan en el mercado» para que las mancomunidades lo «estudien antes de lanzar el concurso para la elaboración del proyecto de ejecución».

Pieza clave en el desbloqueo del conflicto ha sido el cambio de postura de EB, que junto con ANV conforman la mayoría en la Mancomunidad y se oponen al plan de residuos cuyo eje principal es la incineración. Los responsables de Ezker Batua de Gipuzkoa ofrecieron ayer una rueda de prensa para explicar la razón de su viraje.

Defendieron que sus gestiones han sido las que han permitido la clausura definitiva del vertedero. Además, adelantaron que, ahora, su trabajo se centrará en la gestión de los residuos, de manera que «haga inviable la incineración y lo que ello conlleva, incluidas las plantas de transferencia».

Como alternativa, apostaron por un tratamiento de gestión de residuos sostenible, con medidas como la separación de la materia orgánica en origen, la recogida puerta a puerta, el compostaje de la materia orgánica y una reducción significativa en la generación de los residuos. Mikel Izagirre, portavoz en Juntas Generales, puso el ejemplo de Catalunya, donde «72 municipios con 300.000 habitantes apuestan por estos sistemas alternativos».