Los sindicatos piden a la ONU prioridad para el trabajo decente
Mientras la ONU y la OIT reclaman apoyos al empleo decente, otras instituciones internacionales desarrollan políticas que van en sentido contrario, como las de liberalización del mercado de la OMC y las de reducción de gastos públicos del FMI o el Banco Mundial. Las centrales agrupadas en la Confederación Sindical Internacional han pedido coherencia en las políticas de instituciones internacionales y gobiernos y a la ONU una resolucion con ese criterio.
GARA |
El pasado miércoles se inició en Nueva York la reunión de la Comisión de Desarrollo Social de la ONU, con «el empleo pleno y productivo y el trabajo decente» como tema prioriario de sus trabajos. Los sindicatos agrupados en la Confederación Sindical Internacional (CSI) trasladaron una propuesta sobre el trabajo decente para que se elabore una resolución que pueda ser aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en la que se defienda que el trabajo decente y el empleo pleno pueden contribuir a eliminar la pobreza.
La CSI, que representa a 168 millones de trabajadores organizados en 311 centrales sindicales, sostiene que el trabajo decente debe convertirse en el objetivo universal de todas las instituciones internacionales y que debe estar sujeta a una mayor coherencia política entre quienes gobiernan el mundo que la que muestran en la actualidad, al llevar a cabo políticas en ámbitos como el comercial, que ignoran totalmente al atención al trabajo decente.
La CSI cree que las cuestiones relacionadas con el empleo, las políticas sociales y el desarrollo no pueden limitarse a una sola esfera del sistema de gobierno mundial, sino que deben ser prioritarias en cada institución, evitando que desarrollen políticas contradictorias según su ámbito de actuación. Por eso han exigido un compromiso explícito de las instituciones internacionales para integrar esos objetivos en sus políticas.
Falta de coherencia política
Para la Confederación Sindical Internacional la creación de empleo decente en el mundo está obstaculizada por la falta de coherencia de las políticas de diversas instituciones. Con frecuencia obligan a los países pobres, a los «emergentes y a los países de Europa central y del Este a aceptar políticas macroeconómicas basadas en bajadas de impuestos, desregulación económica y liberalización del mercado».
Así, en las negociaciones de la OMC los países pobres se ven obligados a hacer concesiones sobre reducción de aranceles para sus productos industriales que, según los sindicatos, conducirán a «la destrucción de industrias locales, la desindustrialización y la consecuente pérdida masiva de empleos».
Igualmente, instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial vinculan sus préstamos a recortes de impuestos que hacen caer los ingresos del Estado y los gastos sociales. De esta forma, ven limitada su actuación para poner en marcha regímenes de protección social, regular el mercado laboral y promover servicios sociales. Los sindicatos acusan también al Banco Mundial de avalar la situación que obstaculiza la posiblidad de conseguir un empleo decente. Esta institución, en su informe anual «Doing Business» clasifica a los países en función de su atractivo para las inversiones extranjeras, es decir, los que apenas regulan sus mercados laborales o incumplen las normas de protección social reciben una puntuación alta, mientras que los estados que respetan los derechos de sus trabajadores obtienen pocos puntos. Como consecuencia, respetar a los sindicatos y los convenios colectivos aleja a los inversores.
Al margen de la OMC, la UE cuenta con sus propios acuerdos de asociación económica con los países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP) que ofrecen otro ejemplo elocuente sobre las limitaciones de las instituciones al empleo digno. Los acuerdos limitan la diversificación de las economías de los países más pobres y perjudica a su desarrollo industiral y empleo, así como a ingresos por los aranceles que podrían invertirse en gastos sociales y empleo.
Crear un organismo rector
Como consecuencia de estas situaciones, la CSI reclama que la ONU adopte una resolución para superar esta limitaciones del sistema y que las instituciones multilaterales adopten una coherencia política. La propuesta es que un organismo rector en materia de política social y de derechos prevalezca por encima de las esferas comerciales y financieras en caso de conflicto.
La CSI reitera así la importancia del espacio de decisión política en las negociaciones de la OMC y otros acuerdos bilaterales, de forma que los países más pobres puedan decidir si la liberalización del comercio beneficia o perjudica sus sectores productivos.
En este sentido, la confederación sindical recordó que el propio secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, en su informe a la Comisión, propuso que la liberalización del comercio «se acompañe de políticas que ofrezcan protección contra los efectos de una exposición prematura y total a la competencia mundial», en vistas de las nefastas consecuencias que puede acarrear. Pero para ello, los gobiernos estatales necesitan capacidad de decisión política.
Para estos sindicatos, la coherencia política es clave para que la Comisión de la ONU pueda llevar a cabo un trabajo eficaz y ello pasa por la revisión de las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC. Además, propone que la OIT y otras agencias de Naciones Unidas vigilen esas políticas, consultando a su vez con los interlocutores sociales.
Pero no debe quedarse en las instituciones internacionales, sino que los gobiernos de los Estados deben integrar el trabajo decente de manera sistemática, «creando normas propicias, como cuestión prioritaria, por encima de otros datos macroeconómicos». Para estas centrales, este aspecto es esencial para erradicar la pobreza y repartir los beneficios del crecimiento.
En primer lugar, proponen dar prioridad a los mecanismos de creación de empleo intensivo dirigidos a grupos definidos, en particular a mujeres, parados y subempleados. También plantean dar mayores oportunidades a la produccion local, inversiones en infraestructura y mejores servicios sociales.
Estas infraestructuras en los países pobres, según la CSI, deben beneficiar a empresas locales que demuestren un compromiso social, con respeto a normas laborales y potenciar así la creación de empleo local.
También reclama capacidad política para hacer frente a relaciones de trabajo informales, y crear sistemas de bienestar que extiendan los derechos y la protección a todos esos trabajadores. Igualmente destacaron la necesidad de que las estrategias por un trabajo decente incorporen el diálogo con los interlocutores sociales, integren la cuestión de género y den prioridad al empleo para jóvenes.
Recordaron que casi la mitad de los parados del mundo son jóvenes y son sobre los que más recaen horarios prolongados, contratos temporales, salarios bajos y sin protección social.
Promover el trabajo decente necesita financiación por lo que es imprescindible aumentar los recursos del Estado, mediante un sistema de recaudación fiscal eficaz y estableciendo regímenes fiscales progresivos que graven más al capital que los ingresos más bajos y los bienes de consumo básicos.
También se deben reforzar la inspección laboral y la vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales. Finalmente, la CSI pidió a la Comisión de Desarrollo Social que insista en adoptar mecanismos que puedan medir los avances que se produzcan en torno al trabajo decente.
Una de las políticas de gobiernos e instituciones internacionales es orientar la producción industrial hacia la exportación. Así, en países pobres se crean zonas francas industriales donde las empresas están exentas de cumplir las normas laborales y medioambientales. Las empresas compiten por el lugar con salarios más bajos y peores condiciones laborales y los gobiernos se las ofrecen para atraer sus inversiones. De esta forma, se crean empleos a corto plazo, pero con unas condiciones extremadamente precarias. Incluso desaparece la posibilidad de la actuación sindical. El 80% de las personas que trabajan en estos «agujeros negros» de los derechos laborales son mujeres.
La OMC, que promueve la liberalización del comercio, cuenta con un principio que erosiona aún más el trabajo decente. La norma trata de forma menos favorable a las empresas locales y refuerza precisamente que las multinacionales instaladas en las esas zonas francas puedan eludir obligaciones fiscales, medioambientales, laborales y de seguridad que deben respetar el resto de empresas.
La creación de empleo decente está obstaculizada por instituciones como la OMC que obligan a países pobres a bajar impuestos, destruir la industria local y eliminar normas que regulan la economía.
El FMI y el Banco Mundial vinculan sus préstamos a recortes en gastos sociales. El BM incluso elabora una clasificación en la que los países que incumplen normas de protección social reciben más puntos para invertir en ellos.
La CSI destaca la importancia de que los estados cuenten con suficiente capacidad de decisión política para poder decidir si las medidas de liberalización del comercio benefician o perjudican a sus sectores productivos.
Promover el empleo decente necesita financiación, por lo que los sindicatos reclaman aumentar los ingresos públicos con un sistema fiscal eficaz que grave más al capital que los ingresos más bajos y que a los bienes de consumo básicos.
El CSI recuerda en su análisis los datos recopilados por la Organización Internacional del Trabajo sobre las tendencias mundiales del empleo en 2008, recientemente publicado.
Según este informe, el crecimiento de la economía mundial registrado en los dos últimos años ha dado lugar a la creación de nuevos empleos, pero no ha conseguido reducir la elevada tasa de desempleados. La calidad de los empleos creados también ha sido escasa. Las crisis financiera e hipotecaria y el encarecimiento del petróleo han agravado esta tendencia. Según la OIT, esta situación podría incrementar el paro mundial hasta llegar a cinco millones de personas en 2008, lo que representaría una tasa de desempleo del 6,1%, una décima más de la tasa que se había estabilizado en 2006 y 2007. Podría suponer alrededor de 195 millones parados en 2008. Pero las perspectivas para quienes tienen trabajo tampoco son muy halagüeñas. Según la OIT, unos 487 millones de trabajadores, el 16,4% del total, están atrapados en la pobreza extrema con ingresos inferiores a un dólar por persona y por día. A su vez, 1.300 millones de trabajadores, el 43,5% de la fuerza laboral, vivie por debajo del umbral de los dos dólares por día.
Así, en los países pobres la parte del ingreso nacional que llega a los trabajadores se viene reduciendo de forma constante desde la década de los sesenta. En los países ricos, también está disminuyendo a un ritmo acelerado la proporción del PIB que se destina a salarios y otras prestaciones La concentración de la riqueza mediante un reparto de beneficios del capital muy desequilibrado y un reducido grupo de personas que reciben altísimos salarios va aunada al pago de salarios de miseria a millones de trabajadores. Son sobre todo las mujeres las que ocupan las franjas salariales más bajas, al ganar mucho menos que los hombres por el mismo trabajo. La brecha salarial va desde el 12% en países ricos a nada menos que el 60% en muchos de los más pobres.
Con este análisis, la CSI estima que la Comisión de Desarrollo Social deberá aconsejar a los gobiernos medidas para mitigar los efectos sociales negativos de la desaceleración económica actual e integrar una dimensión social en todas las políticas que elaboren para reactivar al economía.
