Paulino Luesma ha pedido a la Fiscalía que interponga un recurso por vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Aulesti, en el que solicitará la suspensión de la actuación municipal, por utilizar impresos oficiales en los que figura impresa la frase: «Euskal presoak Euskal Herrira».

Considera el delegado español que el ayuntamiento vizcaino, al utilizar dicha frase, «contraviene la normativa y se extralimita del ámbito competencial» que está contemplado en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Además, asegura que con este uso de fondos públicos «compromete medios económicos para difundir un postulado de carácter político».

Precedente en Altzo

Al parecer, Luesma ha utilizado como referencia para cursar esta solicitud ante la Fiscalía, una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el Ayuntamiento guipuzcoano de Altzo, por el mismo motivo.

En el año 2000, la Corporación altzotarra decidió incluir en sus impresos la expresión de la solidaridad hacia los presos vascos, ante lo que el Abogado del Estado emprendió acciones contra el acuerdo municipal. El 27 de octubre de 2004, el camino que había iniciado, como en el caso actual, el delegado del Gobierno español, acabó en una sentencia del TSJPV decretando la anulación del acuerdo. En ella, la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV estima que la inclusión de la reivindicación de la unificación de los presos vascos en cárceles situadas en el País Vasco es «una reivindicación directa o mediáticamente dirigida a otros poderes políticos o instancias» diferentes al Ayuntamiento, que son las que tienen competencia en materia penitenciaria.

Pero además del argumento competencial, tanto la sentencia contra Altzo como la actual petición de Luesma para que se inicien similares actuaciones contra Aulesti, utiliza también la razón económica, al considerar que las potestades administrativas del Ayuntamiento «quedan comprometidas», porque «aun cuando lo sea a bajo coste presupuestario, son precisamente los medios materiales públicos de la administración local los que se convierten en el instrumento de difusión y comunicación del postulado de alcance político-penitenciario».

Ejecución «forzosa»

El último elemento en el que el TSJPV se basó en su sentencia contra Altzo fue que los municipios y las entidades locales, según la legislación, debieran servir «con objetividad los inte- reses públicos que les están encomendados», y en opinión del tribunal, hacer constar en la documentación oficial la exigencia de cumplir la legislación vigente en materia de política penitenciaria rompería ese criterio de objetividad.

El Ayuntamiento de Altzo sigue utilizando impresos oficiales con la leyenda «Euskal presoak Euskal Herrira», y por ello, la Abogacía del Estado ha reclamado la ejecución «forzosa» de la resolución judicial.