El Tribunal Supremo francés confirmó el dictamen del Consejo constitucional y rechazó la posibilidad de aplicar con retroactividad la ley que permite mantener en prisiones especiales a condenados considerados peligrosos una vez purgada su pena.

La medida fue aprobada el 7 de febrero en el Parlamento y recurrida por el PSF ante el Consejo constitucional, que el jueves validó el «principio» de detención por motivos de seguridad pero rechazó su aplicación con carácter retroactivo, lo que hace inaplicable la ley antes de quince años.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, no podrá cumplir su promesa de aplicación inmediata de estas medidas que hizo tras una serie de delitos ocurridos y magnificados el pasado verano.