El candidato del PP a la presidencia del Gobierno español anuncia que, si gana las elecciones, obligará a las personas inmigrantes que deseen renovar sus permisos de residencia a firmar un «contrato de integración» con «valor jurídico», por el que deberán comprometerse «a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo». En contrapartida, a las y los inmigrantes se les concedería los mismos derechos y prestaciones que «a un español». Entre las costumbres de los españoles figuran la prohibición de la ablación del clítoris, el respeto a la igualdad de mujeres y hombres y la higiene.

La mayoría de las propuestas que plantea el PP ya se están aplicando. Tras la reforma de la Ley de Extranjería de 2001, se aprobaron las cuotas o contingentes, así como la contratación en los países de origen -un elemento central de la política de inmigración del Estado español-. Esta concepción utilitarista de la inmigración es bastante similar a la «immigration choisie» promovida por Sarkozy cuando era ministro de Interior. Se trata de una inmigración profesional, más o menos cualificada y útil a la economía española. De esta manera, se elabora la construcción social de la población inmigrante, convirtiéndola en regularizable o expulsable; residente legal o ilegal, con papeles o sin papeles; es decir, en buenos y malos inmigrantes.

Poco importa que un gran número de inmigrantes se ahogue en el mar del Estrecho o bajo esos mares inmensos de plástico que cubren los campos de una parte de la geografía española. Quizás esta forma señorial y feudal de tratar a las personas forme parte de las costumbres españolas de las que habla el señor Rajoy. Tal vez lo de la higiene, que contemplan las ordenanzas municipales, no sirva para perseguir a quienes se enriquecen a costa del sudor de las personas que son explotadas y que son alojadas en infraviviendas en las mínimas condiciones de salubridad.

La igualdad no atañe sólo a la población inmigrante. Lo saben bien las trabajadoras temporeras agrícolas polacas, rumanas y ukranianas de la campaña de recogida de las fresas. En diciembre de 2004, la denominada Mesa del Temporero ya denunciaba que empresarios freseros onubenses abusaban sexualmente de las inmigrantes contratadas en origen que acuden cada año a la campaña de recogida.

El sextante que utiliza el PP y una parte de la izquierda mediática para vislumbrar el futuro no es nada fiable, a menos que persigan convertir en inmutables a elementos que no constituyen una herencia inmutable, y erigir en mínimo común denominador una selección arbitraria de lo que es el sentido de la identidad (española), la unidad de la comunidad política (española), los valores patrios (españoles), la continuidad histórica de España y el devenir de la Europa fortaleza, en la línea del Acuerdo de Schengen.