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El estado francés impulsa la «flexiseguridad» para aprobarla en la UE en 2008

El ministro francés de Empleo, Xavier Bertrand, ha planteado a los sindicatos un debate para avanzar en el modelo de «flexiseguridad», acordado en diciembre por los ministros europeos. Trata de avanzar en el proyecto de cara a la próxima presidencia francesa de la UE.

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Juanjo BASTERRA

El ministro francés de Empleo y Relaciones Sociales, Xavier Bertrand, ha remitido una misiva a todos los agentes sociales franceses para iniciar un debate sobre la «flexiseguridad». El pasado 5 de diciembre, el Consejo de Ministros de Trabajo de la Unión Europea invitó a la Comisión Europea a poner en marcha «una iniciativa pública» para favorecer la adhesión a los principios que inspiran ese nuevo concepto del mercado de trabajo y que se dirige a la experiencia danesa. Bertrand quiere avanzar en su debate para cuando el Estado francés tome las riendas de la presidencia de la Unión Europea, a mediados de año. «La misión europea por la flexiseguridad facilitará la puesta en común de los actores para llevar adelante esta reforma social y aplicar unos principios comunes para el conjunto europeo», precisa. Pide a los sindicatos que «avancen en la modernización del mercado de trabajo en Europa» y advierte que «la flexiseguridad no está al servicio exclusivo de las empresas ni de los trabajadores, pero constituye una respuesta equilibrada de las dos partes».

El problema se encuentra en que se quiere avanzar en ese concepto de mantener el empleo y la seguridad de los trabajadores, pero no se quieren aplicar los principios que inspiran ese proceso en Dinamarca. Allí, ese modelo triunfa porque los trabajadores que van al paro reciben unos subsidios elevadísimos -más del 90% del salario- hasta cuatro años, muy por encima del salario medio vasco, español y francés, pero, además, entran en procesos de formación continua ágiles y muy avanzados. Otra lección importante se encuentra en que el diálogo social cuenta con unos resortes muy avanzados, lo que permiten esas mejoras. En Dinamarca, uno de cada cuatro trabajadores cambia de empleo cada año, mientras que el paro es bajísimo. Sin embargo, la propuesta que está tramitando la Unión Europea supone un recorte de derechos sociales para los trabajadores, incluso las empresas de trabajo temporal han osado a decir que son un ejemplo de «flexiseguridad». Básicamente, los empresarios se están frotando las manos porque de aplicarse el modelo que se está adelantando en la actualidad, supondría una desregulación laboral muy fuerte desde «las condiciones de trabajo, la jornada y la rotación del empleo».

La Comisión Europea quiere poner en marcha contratos de trabajo atípicos, con el fin de reducir los costes derivados de los empleos fijos. Hay que tener en cuenta que en estos momentos los contratos precarios en la UE representaban un 26% en 2001 y se ha pasado al 40% en 2005. En ese sentido, la mano tendida del ministro francés de Empleo se ve entre las organizaciones sindicales francesas como «una propuesta envenenada», dado que el Gobierno de Sarkozy está poniendo mayores trabajas al empleo fijo, por lo que los agentes sociales entienden que se trata de una operación que «bajo la apariencia de la modernización del mercado de trabajo busca, eso sí, eliminar las indemnizaciones por despido, favorecer la movilidad y reducir los costes a los empleadores».

También los eurodiputados de la Izquierda Unitaria Europea y diferentes fuerzas sindicales europeas analizaron a mediados de enero, en un encuentro celebrado en Estrasburgo, esta nueva iniciativa. A su juicio, la UE busca «desregular y precarizar aún más» el mercado laboral europeo.

 

«Prima la flexibilidad sobre la seguridad del empleo», afirma la CES

Las principales críticas de la CES europea a ese modelo inciden en que «prima la flexibilidad sobre la seguridad del empleo». A juicio de este organismo, esa iniciativa «se presenta como la receta mágica» para terminar con los problemas del mercado de trabajo, pero «deja fuera de las actuaciones» la interacción de la política económica y el modelo productivo.

Tampoco aborda el papel de los servicios públicos y de la inspección de trabajo en el funcionamiento del mercado laboral. Otro de los problemas importantes que ven es que el nivel formativo, a nivel general, no es representativo para tomar «medidas a la danesa» que, aunque son un ejemplo de buen funcionamiento, «están yendo hacia atrás, porque ya se ponen menos trabas para el despido y se han reducido en los últimos años las indemnizaciones». J. BASTERRA

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