El pasado diciembre, el Consejo de Ministros de Trabajo de la Unión Europea conminó a la CE a poner en marcha una estrategia dirigida a aplicar los principios que inspiran la llamada «flexiseguridad», un nuevo concepto de mercado de trabajo que, en opinión de fuerzas de izquierda europeas y de la Confederación de Sindicatos encubre una nueva reforma tendente a poner en manos de los empleadores contratos que se adapten a las nuevas necesidades productivas y que puedan ser rescindidos a menor costo. Los ministros europeos han presentado esa reforma como la panacea contra el desempleo. Remarcan que su filosofía es garantizar las prestaciones en caso de pérdida del trabajo y la formación de los trabajadores. París ha citado ya a los agentes sociales para que aborden esa reforma y parece que este proyecto será una de la claves de la próxima presidencia de turno francesa en la Unión Europea. Para disipar dudas sobre la iniciativa en ciernes, baste decir que las ETT se han apresurado a decir que son ellas el modelo de esa «flexiseguridad», lo que indica a las claras que la prioridad de esa nueva receta no es otra que la de garantizar al empleador que pueda disponer y prescindir de trabajadores sin las limitaciones que implica el contrato fijo. En la UE los contratos precarios representan ya más del 40%. Y ahora acecha la «flexiseguridad».