Las elecciones del próximo 9 de marzo presentan características diferentes según la perspectiva nacional que se adopte. Desde el punto de vista español estos comicios consolidaran la bipolarización entre PP y PSOE, culminando así un proceso de reducción de las opciones políticas estatales a dos partidos, antagónicos para España, incapaces de dialogar entre sí, pero análogos por España, en su defensa cerrada del modelo de estado excluyente para los otros pueblos que la Constitución no reconoce como tales. Socialistas y populares también comparten la pretensión de convertir Madrid en la megalópolis del sur de Europa; un centro absorbente de recursos económicos y humanos que busca hacer inviable la articulación cultural y socioeconómica diferenciadas de las naciones periféricas.

Ambos partidos han consensuado la involución legislativa, judicial y política que se inició en la etapa del presidente Aznar y que se ha consumado bajo el mandato de Rodríguez Zapatero. Aparte de algunos aspectos referidos a las libertades individuales y la laicidad, las divergencias sobre el modelo estatal, político y económico son mínimas. La pluralidad de opciones políticas que se da en Galicia, Euskal Herria y Catalunya no tiene su equivalente a nivel de España.

Lo singular del caso es que a pesar de las múltiples coincidencias objetivas entre los grandes partidos españoles, existe una evidente incapacidad para dar respuesta positiva a los retos de la españolidad: no hay manera de poner letra a su himno, ni que la selección española de fútbol gane algún titulo o se admita competir con las selecciones deportivas catalanas internacionalmente reconocidas. Estas anécdotas reflejan la secular discordia española fruto de la ausencia de cultura cívica y valores compartidos por parte de los súbditos del reino.

Por lo que respecta a Euskal Herria, los partidos españoles sí son capaces de unirse para ir contra la posibilidad de un cambio de estatus político. Así se demostró en Nafarroa tras las últimas elecciones autonómicas.

El pueblo vasco vive una situación de excepcionalidad: el lehendakari procesado, Mesa del Parlamento de Gasteiz condenada, casi todas las organizaciones de la izquierda abertzale ilegalizadas, el proceso de negociación para poner fin a la violencia roto... Los partidos españoles han optado por la intransigencia y no están dispuestos a aceptar la modificación del marco institucional y reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo vasco. PP y PSOE coinciden a la hora de impedir la celebración de la consulta popular en Euskadi anunciada por el lehendakari Ibarretxe para el 25 de octubre (probablemente para esa fecha ya esté inhabilitado para ejercer el cargo). La ausencia de la izquierda abertzale desnaturaliza totalmente el resultado electoral y ofrece una imagen distorsionada de la realidad política vasca que no podrá entrar en vías de normalización hasta que no se restrablezca efectivamente el pluralismo.

Desde Catalunya las fuerzas políticas catalanistas observan en silencio lo que sucede en Euskal Herria: impasibles ante el encarcelamiento de los dirigentes de la izquierda abertzale, renuncian a mantener una posición diferente a la del Gobierno español y, más allá de gestos de complicidad, no hay ningún dirigente capaz de emular al lehendakari en el papel de liderazgo de un proyecto nacional.

Las pretensiones de los partidos catalanes del arco parlamentario se reducen a desarrollar el estatuto y pactar con el PSOE (CIU tampoco descarta hacerlo con el PP si se tercia).

Los partidos soberanistas no tienen hoy un proyecto de construcción nacional -salvo la referencia a una fecha simbólica, el trescientos aniversario de la ocupación española y francesa de Barcelona-, no se ha definido una hoja de ruta creíble para hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo catalán. El soberanismo social, que perciben las encuestas y se detecta en la indignación ciudadana contra la arbitrariedad y el mal funcionamiento de los servicios públicos estatales, crece desconectado de las opciones electorales catalanistas.

Para el 9 de marzo, sólo en Baleares hay posibilidades de romper la tendencia ascendente de sucursalización y bipartidismo con la irrupción de la coalición Unitat per les Illes. En el País Valenciano todo hace prever la consolidación del eje PP-PSOE y la desaparición de IU.

La sensación general es que esta elecciones supondrán el final de un ciclo político en Catalunya, donde el expolio fiscal es galopante a pesar del nuevo estatuto, y la desafección hacia el orden político y económico español -y autonómico- es creciente.

A este final de ciclo debe corresponder un cambio de actores, estrategias y actitudes para recuperar la ilusión colectiva, frenar la sucursalización y convertir el objetivo de crear un Estado catalán en la solución al declive económico y político impuesto por el orden estatal español.