ANV pide a Diputación compromiso real con las víctimas del 3 de marzo
El próximo lunes, el diputado general de Araba, Xabier Agirre, deberá responder a una interpelación presentada por el grupo juntero de EAE-ANV en torno a la actuación de la Diputación de Araba hacia las víctimas del 3 de marzo. El mismo día en que se cumplen 32 años de la sangrienta actuación policial en Gasteiz, el grupo ekintzale recordará los posicionamientos de Juntas Generales sobre estos hechos, que Diputación no ha atendido hasta la actualidad.
Txotxe ANDUEZA |
Las Juntas Generales de Araba celebran el lunes pleno de control al Ejecutivo foral, en el que deberá comparecer el diputado general, Xabier Agirre (PNV), entre otras cosas para responder a una interpelación de EAE-ANV sobre la actuación de la máxima institución arabarra hacia las víctimas del 3 de marzo de 1976.
El portavoz independentista Iñaki Usategi recordará en su interpelación que las Juntas Generales de Araba han debatido y aprobado ya tres mociones en relación a estas víctimas. La primera de ellas fue en el año 2003. La mayoría de grupos junteros se comprometieron entonces a elaborar una normativa foral «habilitadora para compensar materialmente a las víctimas del 3 de marzo, en el caso de que ni el Gobierno ni el Parlamento español aceptasen indemnizar a todas las víctimas de aquellos sucesos», resume EAE-ANV. Ese mismo requerimiento, añade la formación independentista, se reiteró en las Juntas Generales de Araba en 2005 y en 2006.
El grupo juntero de EAE-ANV se pregunta ahora, cuando ya han pasado 32 años de los hechos de Gasteiz y cinco del primer compromiso de Juntas Generales «a qué está esperando el gabinete del señor Agirre para atender los sucesivos requerimientos, que supondrían un pequeño pero importante paso en el reconocimiento de las peticiones que desde entonces vienen defendiendo las víctimas».
Desmarcarse del PP
En opinión del grupo abertzale, el Ejecutivo de Agirre «debe desmarcarse de la posición que mantuvo el PP, postergando el cumplimiento del mandato de las Juntas Generales».
Y para empezar, emplazan al diputado general a que el próximo lunes asuma el compromiso de solicitar a Lakua «la retirada de todas las actuaciones» emprendidas contra los miembros de la Asociación que fueron golpeados, detenidos y encausados tras la carga policial contra la manifestación del 30 aniversario en el año 2006. Recuerdan, además, que tanto Agirre como Balza son miembros del mismo partido, el PNV. «En caso contrario, concluyen, esta nueva injusticia se sumaría a la todavía no reparada injusticia histórica de los sucesos del 3 de marzo». Añaden que «no se puede mantener un doble juego empleando términos de solidaridad mientras se mira a otra parte cuando a sus miembros se les imputan delitos inexistentes».
Por otra parte, el sindicato LAB, como viene haciendo en cada aniversario, realizará el lunes un acto «de recuerdo y homenaje a los trabajadores asesinados y heridos por la Policía». Con este acto, que será a las 12.00 en la Plaza del 3 de Marzo, reivindicarán la necesidad de la lucha obrera «para el impulso de cambios sociales y políticos».
Como denunciaron al anunciar los actos del aniversario los miembros de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, a lo largo de los 32 años transcurridos se ha producido una larga cadena de «agravios y agresiones» por parte de las instituciones.
El camino lo inició la mal llamada «ley de amnistía», que en 1977 proclamaba una auténtica ley de punto final para la violencia de Estado. En 1978, los tribunales de justicia españoles, en versión Jurisdicción Militar, decidieron el sobreseimiento de los sumarios abiertos.
Posteriormente, el intento de acogerse a la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo fue respondido tanto por el Ministerio del Interior español como por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional con un sonoro portazo: «los trabajadores subvirtieron de forma violenta la paz y seguridad ciudadana».
Un nuevo intento ante los tribunales les llevó a la presentación de una Querella Criminal para poder reabrir el caso. Amparándose en la prescripción y la no competencia, el tribunal ni siquiera la admitió a trámite. Tampoco el Gobierno de Lakua, a pesar de la declaración del Parlamento, de 2006, considerándoles «víctimas del terrorismo» y del compromiso de las instituciones autonómicas para abordar aquí el problema que no soluciona el Estado, no les va a considerar como tales en su ley de reconocimiento y reparación. La Ley de Memoria Histórica, en lo referido a las víctimas de la última etapa franquista y de la transición, es totalmente arbitraria y no va a reconocer a quienes sufrieron heridas, cárcel o represión laboral.
