Son ya 32 años de recuerdo y homenaje hacia los trabajadores asesinados en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, 32 años de denuncia por la actuación criminal de la Policía Armada española, que al amparo de un gobierno dictatorial disolvió y reprimió a tiros una pacífica asamblea de obreros en huelga que reclamaban mejoras en sus condiciones de trabajo y la implantación de plenas libertades y derechos. Y son32 años de soportar con rabia e impotencia como a pesar de las buenas intenciones expresadas, se perpetúa la injusticia y la impunidad.

Año tras año hemos luchado y clamado por conseguir justicia, verdad y reconocimiento y año tras año nos hemos topado con un Estado incapaz de admitir su responsabilidad en los hechos. Ni los partidos de derecha sucesores de aquella dictadura con responsables directamente implicados como Manuel Fraga ni los de izquierda con responsabilidades en el poder han sido capaces a lo largo de estos años de enjuiciar a los responsables tanto políticos como materiales de aquella matanza. Tampoco han sido capaces de reconocer, honrar y resarcir en todos los sentidos a aquellas personas que, en tiempos difíciles, entregaron su vida de manera desinteresada hasta perderla en la lucha por unos ideales tan justos y dignos como eran la consecución de las libertades y la democracia.

Después de numerosos agravios, desconsideraciones y discriminación sufridos por los diferentes colectivos afectados por la violencia ejercida desde el Estado, es hora de plantar cara tanto al Gobierno de Madrid, así como al Gobierno Vasco por la actitud de olvido y marginación que mantiene hacia esa parte de la sociedad, que aun padeciendo las consecuencias de actuaciones verdaderamente criminales no las contempla en sus leyes de reconocimiento y amparo.

Ha sido grande la decepción sufrida tras la aprobación de la llamada «Ley de Memoria». En ella no se anulan los juicios celebrados bajo el poder de un gobierno golpista y, por lo tanto, sin ninguna legalidad ni garantía. Tampoco permite esta ley abrir causas para esclarecer y depurar responsabilidades en aquellos casos de verdadero terrorismo y cuyos autores siguen protegidos y en la más completa impunidad, como puede ser entre otros muchos ejemplos el del 3 de marzo de Gasteiz.

Incluso en el aspecto de reconocimiento moral y material es injusta e insuficiente esta ley, pues solo se acoge en ella a las personas fallecidas o que resultaron con lesiones invalidantes como consecuencia de la lucha llevada a cabo a favor de las libertades y la democracia, dejando en el olvido y sin amparo a todos los que en esa lucha sufrieron lesiones, resultaron con secuelas, padecieron cárcel y represalias en el ámbito laboral, social, etc.

Si el desengaño ha sido tremendo con esta segunda ley de punto final aprobada por el Congreso y Gobierno español -la primera fue la de la amnistía-, qué decir del fiasco generado desde el Parlamento y el Gobierno Vasco por su incoherencia y sus incomprensibles decisiones e incumplimientos durante los últimos años.

Desde el año 2001 hay una promesa y un compromiso, incumplidos a día de hoy, por el propio lehendakari Ibarretxe y por el Parlamento Vasco. En ese año ambos se comprometieron a elaborar una ley de reconocimiento para todos aquellos que luchando por las libertades y la democracia sufrieron actos violentos e incluso perdieron la vida. Dicho compromiso se haría efectivo en el momento que el Estado español cerrara las vías a poder ser acogidos y amparados en la Ley de Solidaridad con las Victimas del Terrorismo, como así sucedió.

Otra actuación que no se entiende es la del 3 de marzo de 2006. Ese día por la mañana, el Parlamento Vasco, mediante declaración institucional, nos reconocía la condición de víctimas del terrorismo a los afectados por la actuación criminal de la Policía Armada del 3 de marzo de 1976. Pues bien, ese mismo día por la tarde el Departamento de Interior del Gobierno Vasco mandaba a la Ertzaintza a masacrar y detener a personas afectadas en aquella fecha, que participaban pacíficamente en la manifestación de recuerdo, homenaje y denuncia que, como cada año, se celebraba en el 30º aniversario de los hechos. Es significativo que tras el auto dictado por la Audiencia Nacional archivando la causa por «enaltecimiento de terrorismo» al estimar que no se cometió delito alguno, el Departamento de Interior siga manteniendo las imputaciones por atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones, a la vez que sigue abierto un expediente sancionador en base a una actuación que nunca debió producirse.

Es todavía más incomprensible la postura mantenida por el Gobierno Vasco cuando a pesar de ese reconocimiento explicito de la condición de víctimas del terrorismo, nos niega todo amparo y acogida en el seno de la Ley de Víctimas del Terrorismo que recientemente ha presentado en el Parlamente para su debate y aprobación. De igual modo ha actuado la Diputación de Araba al no atender el mandato de las Juntas Generales del año 2003 en el cual se aprobó la elaboración de una norma foral que atendiera a las víctimas del 3 de marzo en el mismo sentido que la Ley de Solidaridad, si en el plazo de un año, no se elaboraba una ley en el Estado español que les contemplara y acogiera.

Puede verse tras lo expresado, que el afecto que estamos recibiendo desde algunos ámbitos institucionales es grande, pero más grande es aún la falsedad y la hipocresía con la que se actúa a sabiendas que se toman acuerdos y decisiones para no cumplir, convirtiéndose en meros actos de cara a la galería, pues ninguna de las resoluciones y actuaciones aprobadas durante estos años han tenido un efecto práctico y tampoco se han plasmado en realidades.

Nos parece positiva la formación y puesta en marcha en el Parlamento Vasco de una comisión especial que a petición de nuestra asociación se organizó para el esclarecimiento y depuración de las posibles responsabilidades políticas derivadas de los sucesos de hace 32 años. Ya el mero hecho de invitar a políticos como Manuel Fraga para dar su testimonio nos parece un logro importante, a pesar de la postura del ex ministro franquista de no acudir a prestar testimonio. Con su actitud cobarde y miserable, derivando responsabilidades sobre personas que hoy en día no se pueden defender cuando hasta el momento se había jactado de su buen proceder en Vitoria, incluso justificando la acción como no excesiva, Fraga por sí solo se está retratando ante la sociedad. Esperamos no sufrir una nueva decepción y ver al final del trabajo desarrollado por la comisión, que la resolución dictada recoge fielmente lo acontecido entonces y marca políticamente a los responsables de aquella matanza con nombres y apellidos.

Al igual que otros muchos que han padecido o padecen la violencia represiva del Estado, estamos siendo doblemente víctimas. A la condición como tal de esa calificación, hay que añadir la atroz discriminación, olvido e incluso desprecio que nos dedican desde las altas esferas institucionales y puestos de poder. ¿Por qué esta sistemática discriminación? ¿Por qué ese doble rasero en el tratamiento y reconocimiento? ¿Por qué esa negativa a la justicia y a la verdad? ¿Cuándo nos han acompañado y cuándo han compartido las autoridades nuestras justas reivindicaciones? ¿Qué es preciso hacer para ser tenidos en cuenta?

No sé cómo ni cuando se acabará con esta injusticia, pero vamos a seguir luchando, por más que algunos nos lo quieran impedir, con tesón y dignidad por nuestros objetivos. La justicia, la verdad y el reconocimiento no son dones que se conceden, son derechos que vamos a lograr.