Los testimonios de las tres guerrilleras heridas en el bombardeo e incursión terrestre del Ejército colombiano, las imágenes de los cuerpos tendidos en el suelo en paños menores y los informes preliminares del Ministerio de Defensa de Ecuador echan por tierra la versión oficial del Gobierno de Álvaro Uribe. Ante evidencias tan irrefutables, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, consideró una «nueva burla» la respuesta dada el sábado por el país vecino, que seguía con la teoría de la «persecución en caliente».

En un duro discurso, aseguró que, en esta ocasión, no será suficiente una «disculpa diplomática», porque «el territorio ecuatoriano ha sido bombardeado y ultrajado intencionadamente por parte de un gobierno extranjero». Ante «la gravedad de los hechos», ordenó la retirada de su embajador en Bogotá y, como Venezuela, desplegó al Ejército en la frontera con Colombia. Correa afirmó que Quito no aceptará de ningún modo que bajo el «pretexto del combate a lo que ellos llaman terrorismo se implanten doctrinas y prácticas inaceptables de irrespeto de la soberanía de los estados».

El sábado, su ministro de Defensa, Wellington Sandoval, se trasladó junto a otros altos funcionarios al lugar de los hechos, un paraje denominado Angostura, donde tomaron fotos de los restos del campamento y de los cuerpos. En la comparecencia realizada el domingo a la noche en la sede de la Presidencia, Sandoval informó que los cadáveres presentaban mutilaciones y hasta disparos en la espalda.

En declaraciones a Telesur, que tuvo acceso a la zona, José Núnez, comandante de la Brigada de Operaciones 54, confirmó que el bombardeo se produjo de norte a sur y que, en una segunda fase de la operación, los soldados descendieron «de los helicópteros en soga rápida para continuar la agresión en tierra».

Según confirmaron las sobrevivientes, trasladadas al Hospital Militar Quito, el asalto se produjo sobre las tres de la madrugada, mientras dormían.

Sobre su estado, Sandoval comentó que fueron intervenidas quirúrgicamente y revisadas por médicos de la Cruz Roja Internacional. Detalló que una de ellas es de nacionalidad mexicana y tiene 21 años.

El director de este centro médico, Marcelo Merizalde, señaló que las tres mujeres presentan heridas de proyectiles en las piernas. «Lo único que estamos autorizados a informar a la prensa es que están aquí, en el Hospital Militar, recibiendo la mejor atención médica que estamos acostumbrados a dar a todo tipo de pacientes y, en esta situación, con mucho mayor cuidado», manifestó.

Tras recibir las primeras conclusiones de la investigación, Correa reiteró que lo del sábado «fue una masacre». «Los aviones colombianos ingresaron al menos 10 kilómetros en Ecuador para realizar el ataque desde el sur. Luego llegaron tropas transportadas en helicópteros que culminaron la matanza».

«Todo esto demuestra que el Ministerio de Defensa colombiano, la Cancillería de dicho país y el propio presidente Uribe le están mintiendo a Ecuador y al mundo», incidió Correa.

En consecuencia, subrayó que «no pueden confiar en un Gobierno que traiciona la confianza de un pueblo hermano» y que «no hay justificación alguna para una acción militar foránea en nuestro territorio, independientemente del motivo que fuera». Por todo ello, solicitó la «inmediata convocatoria» de la Organización de Estados Americano, de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur.

Bogotá contra sus vecinos

Desde Colombia, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que la posición del Gobierno es de «total calma y tranquilidad y no vamos a reaccionar a esos anuncios», en alusión al envío de tropas por parte de Ecuador y Venezuela. Abogó también por manejar las relaciones con «sensatez y prudencia; las diferencias se pueden administrar sin entrar en reacciones que sean agresivas».

Sin embargo, horas después, el vicepresidente, Francisco Santos, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presuntos «acuerdos» de las FARC con los ejecutivos de Quito y Caracas, a los que acusó de «albergar terroristas». Añadió que la resolución 1373 del Consejo de Seguridad exige a los países que «denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo y eviten que éstos utilicen sus territorios».

Sostuvo que en América Latina «hay gobiernos que incumplen intencionalmente ese mandato obligatorio» y pidió a la comunidad internacional que se solidarice con Colombia.