32 Aniversario del 3 de marzo
La denuncia de la nueva explotación se unió a la demanda de justicia
La movilización en recuerdo del ataque policial que dejó cinco trabajadores muertos y cientos de heridos en Gasteiz en 1976 tuvo que seguir demandando justicia, reconocimiento de la verdad y responsabilidades de los culpables. Además, denunció que los trabajadores tienen que seguir luchando contra la explotación en sus centros de trabajo, que ahora se presenta bajo nuevas formas y amparada por las instituciones.
Pablo RUIZ DE ARETXABALETA | GASTEIZ
Cientos de personas recordaron ayer en Gasteiz la muerte de cinco trabajadores por disparos de la Policía hace 32 años y volvieron a reclamar justicia y reconocimiento de la verdad por aquellos hechos. La movilización fue convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS que denunciaron las nuevas formas de explotación a los trabajadores bajo el lema «Aurre egin zapalkuntza modu berriei».
Como durante tres décadas los manifestantes volvieron a corear «Herriak ez du barkatuko», «Policía asesina» o «La Policía tortura y asesina». Pero el grito de «Fraga, Balza, berdin da» recordó también la intervención de la Ertzaintza de hace dos años, en los que cargó contra la manifestación de recuerdo del 3 de marzo y golpeó y detuvo a dos de las víctimas de hace 32 años.
El homenaje comenzó en el monolito que recuerda las víctimas del ataque policial contra una asamblea de miles de trabajadores encerrados en la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga. Allí, José Luis Martínez Ocio, hermano de uno de los muertos en 1976, denunció la actitud de las instituciones durante estas tres décadas al afirmar que «estamos hartos de mociones de afecto a sabiendas de que no se van a cumplir, para escenificar un lavado de cara». Criticó que tanto el Gobierno español como el de Lakua «han sido incapaces de compensar aquellas injusticias». En este sentido, denunció tanto «la ley de punto final y de impunidad mal llamada de memoria histórica» como que Lakua «tampoco nos incluye en la Ley de Víctimas del Terrorismo, pese a que el Parlamento nos ha reconocido la condición de víctimas del terrorismo». Aun asi, Martínez Ocio aseguró que «más pronto que tarde vamos a conseguir reparar esta injusticia».
Las víctimas del 3 de marzo denunciaron tanto la vulneración de derechos laborales y la precariedad laboral como la de los derechos políticos al señalar que «se ilegaliza partidos, se persigue a la juventud y a personas que trabajan por la cultura y la lengua vasca, se tortura con impunidad, se nos quita el derecho a decidir como pueblo y ni siquiera se permite votar opciones políticas legítimas».
Los sindicatos convocantes, por su parte, coincidieron en que «alguien desde el poder ordenó la masacre» y que desde entonces han pasado «32 años de silencio, injusticia y reconocimiento» en los que la clase política ha perdido una oportunidad para hacer justicia.
Además, recordaron que «seguimos luchando contra una explotación obrera que hoy tiene nuevas formas de precarización», en referencia a la eventualidad, salarios de miseria incluso por debajo del mileurismo, la subcontratación o el aumento de flexibilidad laboral.
Las centrales criticaron que cada año las cifras de muertes en el trabajo aumentan «sin que la patronal ni los gobiernos quieran poner freno a esta nueva lacra». Denunciaron que la clase empresarial «sigue culpabilizando a los trabajadores de la inflación y cuenta con la colaboración de las administraciones» y reformas laborales, rebajas de impuestos a las empresas y recortes del gasto social.
Readecuar la lucha obrera
En el acto que por la mañana realizó LAB, su secretaria general adjunta, Ainhoa Etxaide, afirmó que el mejor homenaje a los trabajadores que murieron en 1976 es recoger su testigo de convertir la lucha laboral en una lucha por el cambio de modelo social, pero readecuándola a una situación con nuevas formas de explotación, fragmentación de la clase trabajadora y desprecio de las instituciones a sindicalismo.
Agregó que la represión ha cambiado y ahora «se ha trasladado a los centros de trabajo a través de la precariedad, pero con las mismas consecuencias, la muerte de trabajadores».
La representante de LAB concluyó que, como en 1976, «llega un ciclo de cambio político que supone una oportunidad para que los trabajadores luchen por un marco democrático que permita decidir el modelo social».
Los sindicatos evidenciaron que, tres décadas después, se mantiene la explotación de la clase trabajadora, ahora a través de la eventualidad, salarios de miseria, flexiblidad y subcontratación.
Las víctimas del 3 de marzo dijeron estar «hartos» de que en las instituciones «se aprueben mociones de afecto a sabiendas de que no se van a cumplir y que son un lavado de cara».
Tanto la Asociación de Víctimas del 3 de marzo como los sindicatos que convocaron las movilizaciones opinaron que «la lucha del 3 de marzo se ha convertido también en la lucha por la defensa de los derechos civiles y políticos para todas las personas».
Candidatos de Ezker Batua llevaron a cabo por la mañana una ofrenda floral frente al monolito que recuerda el 3 de marzo y lamentaron que la ponencia que se está desarrollando en el Parlamento de Gasteiz sobre estos hechos no tendrá carácter vinculante.
El diputado general de Araba, el jeltzale Xabier Agirre, volvió ayer a aplazar el cumplimiento del compromiso adquirido por las Juntas Generales hace ya cinco años. El grupo juntero de EAE-ANV le interpeló ayer en el Pleno de Juntas Generales sobre la moción aprobada en el año 2003 y ratificada en dos ocasiones en los años 2005 y 2006, y le emplazó a actuar para que el Departamento de Interior de Lakua retire las actuaciones administrativas y judiciales que pesan sobre dos miembros de la Asociación de Víctimas tras la carga de la Ertzaintza en la manifestación de aniversario de 2006. Y Xabier Agirre respondió aplazando una vez más el compromiso para con las víctimas y negando que la Ertzaintza o Lakua puedan retirar las actuaciones que su iniciativa puso en marcha.
La moción de 2003 que EAE-ANV trajo a colación decía que las instituciones forales elaborarían una normativa foral «habilitadora para compensar materialmente a las víctimas del 3 de marzo, en el caso de que ni el Gobierno ni el Parlamento español aceptasen indemnizar a todas las víctimas de aquellos sucesos».
Xabier Agirre dijo que hay que esperar a junio, momento en que deberá aprobarse el reglamento que regula la Ley de Memoria Histórica española, para ver si en ella se acaban recogiendo todas las víctimas de los hechos de Gasteiz. De no ser así, dijo, «esta Diputación lo hará».
El portavoz abertzale Iñaki Usategi le emplazó a actuar sin esperar a la ley, cumpliendo ya el mandato de la moción de Juntas Generales, porque «nosotros no tenemos confianza en la ley española». Una desconfianza que, curiosamente, también compartía el compañero de filas de Xabier Agirre, el candidato por el PNV Emilio Olabarria, que en un acto electoral calificó la Ley de Memoria Histórica de «acto fallido, porque no resuelve la reparación política ni económica que merecen las víctimas del 3 de marzo».
En cuanto a las actuaciones aún pendientes en los tribunales y el expediente sancionador de Lakua contra los miembros de la Asociación, Agirre defendió que no es posible paralizarlas. Se dedicó a explicar la diferencia entre una denuncia y un atestado, que sería lo que la Ertzaintza habría puesto en manos de los tribunales, pero nada dijo del expediente sancionador que inicia y tramita Lakua, ni explicó cómo es posible que la Ertzaintza pueda activar la actuación de la Administración de Justicia, como es el caso, pero no paralizarla. Máxime cuando, como él mismo reconoció ante las víctimas en su comparecencia parlamentaria tras los sucesos del año 2006, la actuación policial fue «contundente y desproporcionada».
Txotxe ANDUEZA
En el homenaje que LAB realizó por la mañana a las víctimas del 3 de marzo, el juntero de ANV Aitor Bezares afirmó que «plantarse ante el Estado fascista es la mejor forma de responder a la represión», por lo que hizo un llamamiento a la abstención el próximo 9 de marzo. Bezares recordó que se pretende reeditar un fraude político ya que entonces el PNV «firmó un modelo estatutario que supone una jaula para el país a cambio de cuotas de gestión» y que tres décadas después se ha demostrado que «es un fraude pactar con el Estado fascista». Añadió que «parece que no han aprendido o por intereses económicos siguen con el fraude autonomista». Recordó que los sectores populares de Euskal Herria «luchan por romper con ese Estado que ha lavado su imagen pero mantiene la misma personalidad». El juntero ekintzale indicó que «el PNV no va a tener problemas en aplastar a esos sectores al igual que hizo Fraga hace 32 años». «Ha llegado hora de responder como pueblo, decir no a nuevos fraudes y al estado de excepción», concluyó.
