La semana pasada el Ministerio del Interior difundió las identidades y fotografías de Oroitz Aldekoa-Otalora y Agurne Salterain y les incluyó en la lista de «los terroristas más buscados». El domingo la Policía autonómica los arrestó frente al caserío familiar cuando salieron a pasear en Iurreta y el martes fueron puestos en libertad tras declarar en la Audiencia Nacional.

En los documentos a los que ha tenido acceso GARA queda acreditado que durante el últimos mes y medio el abogado Iñaki Irizar ha intentado en tres ocasiones que la Audiencia Nacional tomará delcaración a sus defendidos sin conseguir que se concretara la fecha para la vista.

El abogado de los dos jóvenes presentó el primer escrito en el Juzgado Central de Instrucción Número Dos de la Audiencia nacional el 14 de enero. En el documento manifestaban su intención de «presentarse voluntariamente en las dependencias judiciales cuando sean llamados, siendo su deseo declarar exclusivamente ante la Autoridad Judicial» y bajo la asistencia del letrado Iñaki Irizar.

La petición no fue resuelta por parte del tribunal especial español, y al de unos días, las agencias de información difundían que la Guardia Civil había «identificado» a Aldekoa-Otalora y Salterain como «la pareja de presuntos colaboradores que huyó tras la detención de Gorka Lupiañez».

Por ello, el 22 de enero Irizar presentó un segundo escrito en la Audiencia Nacional, en el que ratificaba la intención de los dos jóvenes de declarar «exclusivamente ante la Autoridad Judicial» y reclamaba que se fijara el día y la hora para «acreditar su inocencia».

Asimismo, el letrado recordaba al juez que hasta ese día no se había resuelto sobre la primera petición presentada y que se le había notificado oralmente por la funcionaria del juzgado que el magistrado no iba a llevar a cabo diligencia alguna con respecto a Aldekoa-Otalora y Salterain por no constar en su juzgado imputación alguna.

Esa situación contrastaba con la documentación recogida en los medios de comunicación, en la que se aseguraba que la Guardia Civil estaba buscando a sus defendidos y que fue enviada a la Audiencia Nacional para que tomara una decisión.

La respuesta del juez Ismael Moreno se produjo dos días después, el 24 de enero, y de forma escueta señalaba que los dos jóvenes vizcainos iban a ser llamados a declarar en el «momento procesal oportuno».

El magistrado no concretó en ningún momento la vista para presentarse a declarar y un mes después, el 26 de febrero, el Ministerio de Interior español difundía los nombres y las fotografías de los dos jóvenes vizcainos como «los terroristas más buscados».

El día siguiente, Irizar enviaba el tercer escrito a la Audiencia Nacional reiterando, al igual que en los anteriores, la voluntad de sus defendidos de presentarse a declarar en caso de que fuera necesario.

El letrado denunciaba también que «las mentiras y falsedades» sobre Aldekoa-Otalora y Salterain eran cada vez más «graves», y reclamaba al juez que señalara una fecha para acudir a declarar.

En este sentido, indicaba al magistrado la necesidad de juzgar si sus defendidos habían cometido los hechos delictivos que «de forma injustificada y alegremente se les están imputando con gravisimo perjuicio a su integridad moral y física».

Este último escrito tampoco fue contestado por la Audiencia Nacional y el 2 de marzo fueron arrestados por la Ertzaintza en el caserío familiar de Iurreta. Tras declarar en la Audiencia Nacional, Aldekoa-Otalora y Salterain fueron puestos en libertad sin fianza por el juez Moreno a petición del fiscal Juan Moral.

Sin embargo, la pareja sigue imputada por un «delito de colaboración con organización terrorista», han sido obligados a entregar sus pasaportes y deben comparecer cada quince días en el juzgado más próximo a su domicilio.