Human Rights Watch acusó ayer al Gobierno de Sri Lanka de ser responsable de secuestros generalizados y desapariciones, por lo que reclamó a las autoridades que revelen dónde están las personas desaparecidas, en su mayoría de etnia tamil, pongan fin a esta práctica y lleven a sus responsables ante la justicia.

Según denunció en el informe «Recurriendo a la pesadilla: responsabilidad del Estado en desapariciones y secuestros en Sri Lanka», desde que el Gobierno y los Trigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) reanudasen con intensidad los enfrentamientos en 2006, cientos de personas han desaparecido o han sido secuestradas.

HRW ha documentado, al menos, 99 de los cientos de casos que se han registrado. Con respecto a la respuesta dada por el Gobierno, la calificó de «extremadamente inadecuada».

Destacó también que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias documentó en 2006 y 2007 en Sri Lanka más nuevos casos que en ningún otro país.

«El presidente Mahinda Rajapaksa ha llevado ahora a su Gobierno a convertirse en uno de los peores autores de desapariciones forzadas», resaltó la subdirectora para Asia de HRW, Elaine Pearson. «El final del alto el fuego significa que esta crisis humanitaria continuará hasta que el Gobierno comience a adoptar medidas serias».

Incidió en que las personas desaparecidas suelen ser sometidas con frecuencia a torturas o ejecuciones extrajudiciales. Una desaparición forzada «es una violación continuada de los derechos hasta que se conoce la suerte o el paradero de la persona», manifestó.

La mayoría de los casos apuntan a una implicación del Ejército, la Marina y la Policía. Incluso, en algunas situaciones, familiares de los desaparecidos han identificado a unidades y lugares concretos a los que habrían sido trasladados.

«Un grupo de 20 hombres, algunos uniformados, rodearon la casa. Un policía nos pidió la documentación. Corrí para cogerla y cuando volví, mi marido ya no estaba; tampoco el policía. Salí de casa, pero la furgoneta ya se marchaba», relató la esposa de una de las víctimas.

HRW explicó que la mayoría de las víctimas son de etnia tamil, si bien también hay ciudadanos musulmanes y cingaleses. Entre los desaparecidos figuran religiosos, profesores, trabajadores humanitarios y periodistas, «en un intento no sólo de sacarlos de la esfera civil sino de advertir a otros para que eviten ese tipo de actividades».

La ONG criticó con dureza la actitud del Ejecutivo por su «falta de resolución a la hora de investigar y perseguir a los culpables. Ni un sólo miembro de las fuerzas de seguridad ha sido llevado ante la justicia por su implicación en desapariciones o secuestros». «Mientras soldados y policías puedan cometer desapariciones con impunidad, este terrible delito continuará», insistió Pearson.