El juzgado de lo Penal número 4 de Iruñea aplazó ayer por incomparecencia de un testigo el juicio contra dos trabajadoras de la empresa Dornier acusadas de un delito contra los derechos de los trabajadores. El fiscal pidió para cada una tres años de cárcel y multa de 4.860 euros, mientras la acusación particular solicitó 20 meses de cárcel, 1.800 euros de multa y una indemnización de 3.000 y 6.000 euros. Las defensas instaron a la libre absolución de las dos trabajadoras, quienes negaron que el 13 de noviembre de 2006, durante la huelga que parte de la plantilla de Dornier -concesionaria del sistema de aparcamiento de zona azul de Iruñea- llevaban a cabo, hubieran insultado y amenazado como parte de un piquete informativo a otras dos compañeras que no secundaban la protesta.

Explicaron que esa tarde estuvieron en la Plaza de la Cruz informando de sus reivindicaciones a los ciudadanos que pretendían pagar por aparcar, a quienes solicitaban que no lo hicieran, pero negaron haber tenido ningún incidente con las denunciantes. Sin embargo, éstas insistieron en que las dos acusadas les amenazaron y una de ellas llegó a pedir protección policial y relató haber estado 114 días de baja por ello.

Apoyo sindical

Media hora antes de iniciarse el juicio medio centenar de trabajadores de Dornier se concentraron frente al Palacio de Justicia para mostrar su apoyo incondicional a las denunciadas por entender que los hechos de los que se les acusa no son ciertos y que la denuncia «atenta directamente contra el derecho fundamental de huelga y busca la criminalización de la acción de los piquetes informativos, con una petición de penas absolutamente desproporcionada».

LAB opinó que se trata de «un caso de extrema gravedad» porque «se está juzgando a personas por ejercer sus derechos sindicales». Según el sindicato abertzale, esta vulneración de derechos constituye «una venganza impulsada por la dirección por la larga huelga que mantuvieron los trabajadores y trabajadoras de Dornier».

LAB también consideró «injusta y parcial» la implicación del fiscal, quien se sumó a la petición de cárcel, poniéndose de parte del empresario, al ignorar que se contrataron trabajadores para sustituir a huelguistas y las presiones de todo tipo durante la huelga por parte de la dirección. Finalmente, pidió que se archive el caso y se compense a las personas denunciadas por el daño causado.