El Tribunal de Baiona dio a conocer ayer su veredicto en el juicio sobre el «caso Kako». Con el telón de fondo de una decisión administrativa que cuestionaba el derecho de un joven baserritarra a sacar adelante la explotación en que lleva trabajando dos años, la Justicia francesa llevó al banquillo a cinco agricultores y a la empleada de una cooperativa por los enfrentamientos habidos con los gendarmes durante una protesta.

La sentencia impone penas de cárcel -sin cumplimiento- y multas al afectado por la arbitrariedad administrativa, Fred Larrañaga, y a otras cinco personas. Estamos ante una sentencia que obedece a dos impulsos. El primero es el de estigmatizar al movimiento que impulsa una agricultura propia en Ipar Euskal Herria. Kako no encaja en los planes del Estado francés para el sector agrario. Al tiempo, Kako viene a remarcar la fuerza creciente del sindicalismo agrario, que hoy se simboliza en Laborantza Ganbara. Es muy difícil separar este caso de precedentes acciones judiciales contra una estructura que ha surgido tras largos años de rechazo por París a una cámara de agricultura vasca. El segundo y más directo impulso en el «caso Kako» lo dio Sarkozy cuando, de visita en Pau, anunció: no quedará impune la agresión a los gendarmes. Sus palabras dieron pie a una redada y ahora a una condena injusta.