El Ayuntamiento de Iruñea compró una iglesia que ya era de su propiedad
El Ayuntamiento de Iruñea, controlado por UPN, pagó al Arzobispado un total de 468.798 euros por la iglesia de Jesús y María, situada en el casco histórico de la ciudad. Se da la circunstancia de que el propietario de esta iglesia era precisamente el propio Ayuntamiento.
Iñaki VIGOR |
El día 3 de mayo del año 2001 la Diócesis de Iruñea, encabezada por el entonces arzobispo Fernando Sebastián, inscribió a su nombre la iglesia de Jesús y María, sita en la calle Compañía de la capital navarra. La inscripción se realizó en secreto, por medio del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y argumentó que este templo era de posesión «inmemorial» de la Diócesis.
Después de desacralizar esta iglesia de mil metros cuadrados de superficie y retirar todas las imágenes religiosas del mismo, el siguiente paso del Arzobispado fue vendérselo aquel mismo año al Ayuntamiento de Iruñea, cuya alcaldesa era Yolanda Barcina (UPN).
Gracias a un «convenio» entre ambas partes, el Consistorio pagó al Arzobispado 468.789 euros (unos 78 millones de pesetas del año 2001), además de cederle un solar de más de 2.000 metros cuadrados en el barrio de Sanduzelai. En año sucesivos, el Ayuntamiento acondicionó esta iglesia como albergue de peregrinos, para lo que destinó casi 1,4 millones de euros. La inauguración del albergue tuvo lugar en marzo del pasado año.
Exclusiva propiedad municipal
Mediante esta operación, el Ayuntamieno de Iruñea «compró» un inmueble que históricamente era de su propiedad, y el gran beneficiado ha sido el Arzobispado. Según ha podido comprobar GARA, en marzo de 1933 la Corporación municipal de entonces ya hizo constar que la iglesia de Jesús y María era de «exclusiva propiedad» del municipio, y exigió al Gobierno republicano que «se reponga al Excmo. Ayuntamiento en la quieta y pacífica posesión de lo que es suyo».
El Consistorio hizo esta reclamación porque la citada iglesia era uno de los bienes incautados a la Compañía de Jesús.
Tras el golpe de Estado franquista en 1936, el Ayuntamiento «cedió» este templo a la jerarquía eclesiástica, hasta que en el año 2001 la Diócesis la inscribió a su nombre sin aportar un solo documento que dejase constancia de que era de su propiedad.
Se da la circunstancia de que en el expediente municipal relativo a la «venta» de la iglesia de Jesús y María «falta alguna página muy importante», según ha informado la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
«Nos encontramos de nuevo ante un asunto oscuro, en el que finalmente un ayuntamiento navarro, el de Iruñea en este caso, acaba pagando cantidades millonarias por recuperar un templo que anteriormente era bien municipal», declararon fuentes de la Plataforma.
Cabe recordar que en agosto de 2004 la iglesia de Jesús y María fue ocupada por grupos de jóvenes, en respuesta al desalojo del antiguo frontón Euskal Jai, y también de allí fueron desalojados por la Policía.
«Mucho nos tememos que estemos ante un nuevo escándalo», afirma la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, al tiempo que invita a los concejales del Ayuntamiento de Iruñea a investigar este «oscuro» caso.
El Ayuntamiento de Iruñea, controlado por UPN, pagó al Arzobispado 468.798 euros por la iglesia de Jesús y María. En el año 1933 el Consistorio ya había certificado que este inmueble era de propiedad municipal.
Con la incorporación del Ayuntamiento de Basaburua y del Consejo de Intza, ya son 102 los ayuntamientos y concejos navarros que han adoptado acuerdos plenarios mediante los que se comprometen a defender su patrimonio frente al afán privatizador de la jerarquía eclesiástica. Todos ellos se han sumado a la instancia presentada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro para intentar recuperar las iglesias, ermitas y otros bienes públicos apropiados por la Diócesis.
El número de inmuebles públicos que han sido privatizados en Nafarroa por el Arzobispado supera ya el millar, según los datos aportados en el pleno del Parlamento navarro con motivo del reciente debate en torno a este polémico asunto.
Por medio de una nota de prensa que no ha sido remitida a este periódico, el Arzobispado insiste en que los templos son suyos, a pesar de que no aporta ni una sola prueba, y arremete contra quienes disponen de datos históricos que demuestran su propiedad pública. «Es una manipulación con carácter demagógico, sin ningún rigor histórico ni legal», asegura la nota del arzobispo Francisco Pérez.
