El Gobierno español expresó ayer su «preocupación» por la presentación de la Fiscalía turca de una demanda que solicita la ilegalización del gobernante AKP y la suspensión de sus máximos dirigentes durante cinco años por entender que su actividad atenta contra el carácter secular de Turquía. «Es conveniente que las cuestiones políticas queden fuera del ámbito judicial para que exista un escrupuloso respeto de la separación de poderes», señaló el Ejecutivo de Madrid. También la UE mostró su «preocupación» por esa decisión del fiscal general.