Igor Uriarte y Aitor Balda comparecieron ayer ante los medios de comunicación en Gasteiz para hacer, en nombre del colectivo Elkartzen, un llamamiento a colectivos sociales y sindicales a que pongan en marcha alternativas prácticas en forma de proyectos piloto que demuestren que «las cosas se pueden hacer de otra forma ofreciendo soluciones concretas y reales e implicando a la población».

Para poder dar salida a ese tipo de iniciativas, Elkartzen recuerda la filosofía «ampliamente consensuada y difundida» tanto por organizaciones populares como sindicales, de que «no es necesario construir más mientras existan viviendas vacías», además de que «la base para asegurar un derecho reconocido internacionalmente es impulsar una apuesta decidida por el alquiler», de la misma manera que se hace en lugares como Holanda o Alemania, que cuentan con un 50% de vivienda de alquiler, «mientras en Euskal Herria no alcanzamos el 10% del total».

«La reocupación de espacios desocupados, la autoconstrucción o rehabilitación de viviendas, experiencias que impulsen y pongan en marcha alquileres solidarios y dignos...» son algunas de las iniciativas que apunta Elkartzen, para quien las posibilidades de actuación en este ámbito «son muchas y abiertas».

Elkartzen se dirigirá también a las instituciones públicas, invitándoles a poner en práctica mecanismos para «evitar la precarización de la sociedad con respecto al acceso al derecho a la vivienda». Esta invitación la harán en forma de guía, «con pautas que consideramos mínimas y viables para atajar de una vez todas estas situaciones desde el ámbito institucional».

El problema de fondo

Ante los mensajes que anuncian que la situación ha cambiado, Aitor Balda aseguró que el problema de fondo sigue siendo el mismo: «El acceso al uso de una vivienda es un derecho negado». Señaló, en este sentido, que los precios medios de venta son superiores a 335.000 euros, mientras los alquileres medios superan los 820 euros.

Balda señaló como responsables de esta situación a las instituciones públicas, cuya tendencia general sería «parchear esta situación con instrumentos como los sorteos, la construcción para la venta en propiedad de VPO o las viviendas tasadas». Mientras que como máximos beneficiarios señaló a los componentes del lobby de la construcción, «que siguen amasando inmensas fortunas», sobre todo las entidades financieras, incluidas cajas de ahorros a pesar de que nacieron, en teoría, con vocación social.

La búsqueda del mayor beneficio es, en opinión de Elkartzen, una de las causas fundamentales de la negación del derecho a una vivienda digna. Por eso, señala este colectivo, «mientras en Euskal Herria existen 240.000 viviendas vacías que no son utilizadas para su función social, la vivienda se convierte en un objeto de especulación».

Existe una alternativa, en opinión de Elkartzen, y el movimiento popular y sindical a señalado ya las bases sobre las que ésta deberá asentarse: utilizar las viviendas vacías existentes y limitar los precios de todos los alquileres.