La mahaikide Haizpea Abrisketa fue arrestada ayer por a mediodía por la Policía francesa cuando salía de su domicilio en Hendaia y posteriormente fue trasladada a la comisaría de Baiona. Aunque en un principio se apuntó que la detención podría tener origen en una orden emitida por Baltasar Garzón, las agencias de información señalaron después que su arresto tendría relación con el sumario abierto por la juez Laurence Le Vert en marzo de 2002, a raíz de la detención de Jon Gorrotxategi y Mikel Corcuera cuando transportaban en un vehículo unos 200.000 euros procedentes de los fondos que tenía a su disposición el europarlamentario abertzale Koldo Gorostiaga.

Abrisketa se encontraba en libertad bajo fianza ya que fue detenida por la Policía española en una operación desarrollada en octubre en Segura ordenada por Garzón que concluyó con la detención de una veintena de dirigentes de la izquierda abertzale.

Pero fue puesta en libertad bajo fianza tras abonar 10.000 euros junto a Jean Claude Agerre y Patxi Urrutia.

Urrutia fue detenido posteriormente el pasado 4 de febrero junto a Pernando Barrena por orden de Garzón.

En denuncia de la detención de Abrisketa, a las 19.00 de esta tarde realizarán una concentración en la rotonda de Urruña.

Askatasuna, a este respecto, denunció «la caza de brujas que lleva a cabo el Estado francés contra militantes abertzales», y le acusa de «seguir el mismo camino represivo emprendido por el Estado español».

Garzón y las JJGG contra ANV

Las actuaciones judiciales contra la izquierda indepedentista vasca vivieron ayer otro episodio. La Mesa de las Juntas Generales de Araba acordó bloquear las asignaciones económicas al grupo de EAE-ANV en esta institución, en cumplimiento del auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que decretó la suspensión cautelar del histórico partido abertzale.

El grupo juntero de EAE-ANV denunció con dureza la decisión de la Mesa de Juntas Generales de bloquear las aportaciones económicas que les corresponderían. Según señalaron, la Mesa de las Juntas Generales «va más allá del propio requerimiento de la Audiencia Nacional bloqueando incluso los sueldos del portavoz y del trabajador de nuestro grupo Juntero». En este sentido, criticaron que las JJGG hacen suya una «interpretación que tiene como única base la intencionalidad política del PSOE de llevar la falta de democracia hasta sus últimos extremos».