La reforma que prepara el Gobierno francés para retocar algunos aspectos de su sistema institucional abre la oportunidad de reflexionar sobre la calidad de la democracia. Ese debate no es exclusivo del Estado francés, máxime cuando en otros estados, como el español, se opta directamente por impedir a opciones que gozan de reconocido respaldo ciudadano concurrir a las elecciones, en el afán de clandestinizar proyectos políticos que cuestionan el modelo político establecido en su Constitución.

En las recientes elecciones municipales y cantonales se ha puesto de manifiesto que la ley electoral en vigor es una afrenta directa al principio de representación, ya que el sistema mayoritario a doble vuelta bajo el pretendido argumento de garantizar mayorías de gestión esconde el propósito poco loable de dejar sin expresión institucional o con una expresión ínfima a proyectos políticos que están presentes en la sociedad. Esa legislación electoral condena a las formaciones políticas no mayoritarias a prodigarse en pactos y alianzas en las que los proyectos políticos de sus integrantes quedan a menudo diluidos, al priorizar en exclusiva la suma de porcentajes. Nada hay que objetar a que los partidos acuerden y establezcan estrategias comunes, sí en cambio a que la ley electoral imponga fórmulas de convivencia obligada al precio de quedar fuera del ámbito político.

A la vista está que la reforma que impulsa Sarkozy no va a dotar de mayor democracia al actual entramado institucional. Como a la vista está que las mayorías de gestión imperantes en las instituciones que, como el Consejo General de Pirineos Atlánticos, nos afectan a los vascos -aunque sean insensibles a reivindicaciones que gozan de un respaldo mayoritario en la sociedad- no tienen interés en impulsar un cambio democrático. La anodina votación de ayer en Pau, además de revelar esas carencias democráticas, aporta la lección añadida para las gentes de izquierda y abertzales de que la conquista de cuotas de poder es un logro deseable siempre que el objetivo no sea sólo estar presentes, sino avanzar también desde las instituciones en el reconocimiento de Euskal Herria como nación.