Recursos para la inserción social de las personas presas
Faltan medios para la vida más allá de la carcél
En Araba hay muchos recursos para la inserción social de las personas presas, pero la importante red social creada en torno a Langraiz se queda corta. La Comisión Ciudadana Anti Sida de Araba echa en falta, sobre todo, una institución pública que diseñe y dirija una política de inserción.
Txotxe ANDUEZA
La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Araba empezó su labor de apoyo a las personas presas con quienes tenían el VIH, allá por los años 80, en los duros años de las drogas inyectadas y del sida. Enseguida amplió su labor a todos los presos con toxicomanías, para finalmente llegar a apoyar a todas las personas presas que no tienen recursos materiales ni arraigo familiar o social.
Este colectivo de más de 25 años de historia puso en marcha su primer piso de acogida en un edificio del Casco Viejo de Gasteiz. En él hablamos con Miguel Angel Ruiz, presidente de la Comisión Anti-Sida de Araba, que el pasado 12 de marzo, en las Juntas Generales de Araba, lanzó la voz de alarma sobre los problemas de financiación de uno de estos recursos y reclamó a los políticos liderazgo en las políticas de inserción.
Es un piso acogedor, limpio y luminoso. Desde sus ventanas sin barrotes se ve todo Gasteiz y los montes que rodean la ciudad. No en vano está en lo alto de la colina. No tiene mucho que ver este lugar con la prisión, pero por muy idílico que sea, nadie de los que utilizan este recurso está aquí para quedarse. Este piso es sólo una estación necesaria entre la cárcel y la sociedad.
La inserción, en la comunidad
Grupos de apoyo a presos comparecieron en Juntas Generales para dar su opinión sobre el proyecto de construcción de nueva cárcel en Langraiz. Miguel Angel Ruiz, sin embargo, puso el acento en las necesidades que plantea la inserción de las personas presas en la sociedad, «porque hablar de inserción de presos dentro de la prisión, sinceramente, no nos convence». Además, añade, «estamos en una comunidad en la que tenemos recursos sociales importantes, gente muy buena en formación profesional, especialistas y entidades que hacen inserción...».
Los recursos que la Comisión Anti-Sida ha creado han sido siempre asumidos por las instituciones, pero en estos momentos uno de ellos está en riesgo por falta de recursos económicos. Es la última iniciativa puesta en marcha por este colectivo, dirigida a presos en segundo grado, para quienes el Reglamento Penitenciario prevé salidas de prisión para recibir tratamiento o formación. Nos relata Miguel Angel Ruiz que arrancaron en 2006 con una pequeña subvención, en 2007 consiguieron mantenerlo, «pero en 2008, si no hay un compromiso mayor por parte de alguna de las instituciones, está en serio riesgo».
Pero no es la financiación el motivo fundamental de su crítica. De hecho, todos los recursos que gestionan cuentan con financiación pública. «La cuestión no es que no haya implicación institucional, aclara Ruiz, el problema es que ninguna institución asume el liderazgo de, además de mantener un servicio, hacer una política de inserción». Y el presidente de la Comisión Anti-Sida de Araba, cuando exige liderazgo, mira al Gobierno de Lakua «porque tiene menos capacidad de gestionar que Diputación y Ayuntamiento, pero tiene capacidad de liderar, de dirigir, de normar». Algo para lo que, matiza, no es necesario esperar a asumir el total de las competencias en materia de ejecución penal, «deben empezar a crear lo exterior a la prisión, los recursos en la comunidad, porque lo que está en el interior de los muros, a lo mejor, no es tan importante».
Equilibrar la balanza
Es así como resume el resultado de la labor que realiza la asociación que preside: «Nosotros no vamos a derribar las cárceles, ni nada de eso. Lo que hacemos es equilibrar la balanza: ante el mismo delito, la misma condena». Y es que las desigualdades sociales se hacen evidentes también a la hora de afrontar el cumplimiento de una condena.
Nos relata Ruiz el caso de un preso que ha debido cumplir una condena de un año por vender CD, porque no pudo pagar la multa: «si tuviera apoyo familiar no habría entrado, y para salir de permiso, si nadie le hubiera acogido, no sale de prisión. No puede ser así. Si no tienes una red de apoyo, las instituciones públicas deben equilibrar esa balanza. Tiene que haber las mismas posibilidades de inserción para quien tiene apoyos y para quien no los tiene».
Los enfermos sin recursos no tienen posibilidad alguna de salir de prisión
Si la posibilidad que un preso sin apoyos exteriores tiene de salir de prisión antes del cumplimiento total de su condena es, en general, remota, mucho más complicado lo tienen precisamente quienes más lo necesitan. Porque no existe un solo servicio para acoger a un preso sin apoyos exteriores que debiera ser excarcelado por estar gravemente enfermo. Sólo los presos con sida en situación terminal pueden aspirar a ocupar una plaza en «Besarkada etxea», un hogar para enfermos de sida, donde la Comisión arabarra ha reservado desde su fundación tres plazas para los presos enfermos excarcelados de Langraiz. Y no es precisamente por falta de demanda. De hecho, Miguel Angel Ruiz considera que hay en estos momentos unos 50 presos en las tres cárceles de la CAV que debieran ser excarcelados por tener enfermedades tan graves como cáncer, cirrosis, sida, y enfermedades mentales «para las que la solución nunca puede ser un módulo o una cárcel; los enfermos deben ser tratados fuera de prisión».
Las cifras que maneja la Comisión Anti-Sida dibujan una situación que sólo puede calificarse de terrible: «el 17% de los presos tiene VIH; un 39% tiene hepatitis C; un 5% está diagnosticado de graves enfermedades mentales...». Y el único recurso que tienen son las unidades penitenciarias en los hospitales, adonde no quieren acudir porque, como denunció el capellán de Langraiz, Txarli Martínez de Bujanda, ante las Juntas Generales de Araba, «son primeros grados puros y duros». El presidente de la Comisión Anti-Sida de Araba nos dice que han tenido más de un conflicto con Osakidetza a cuenta de estas unidades penitenciarias: «Osakidetza se escuda siempre en que son las normas de la cárcel, pero las competencias sanitarias son de Lakua, y las unidades hospitalarias están en sus manos».
A pesar de la gravedad de la situación, las instituciones no han dado solución a las personas gravemente enfermas que continúan en prisión por carecer de apoyos y recursos. En lo que se refiere a los enfermos con VIH, incluso, se felicitan de haber reducido el porcentaje, «pero hemos pasado del 20% de 30.000 presos al 17% de 70.000, con lo que el número total de presos con VIH ha aumentado». Y con el resto no hay respuesta. Ni siquiera por parte de Javier Madrazo, «primer político al que planteamos el problema de los presos enfermos, en el año 2002, cuando EB entró en el tripartito de Lakua». Pensaban que podría hacer algo, al gestionar las áreas de bienestar social, la dirección de inmigración, la de drogodependencias... pero los presos con graves enfermedades siguen sin posibilidades de salir de prisión.
