La decana del Colegio de Abogados de Baiona, Joëlle Assie-Berasategui, denunció ayer junto a la abogada Aña-Marie Mendiboure -quien le sustituirá en el cargo próximamente- la «falta de transparencia y de consenso» en lo que respecta a la segunda fase de la reforma de la Administración judicial impulsada por la ministra de Justicia, Rachida Dati.

Las letradas recordaron que como consecuencia de la primera etapa de la reforma más de 130 tribunales de gran instancia, administrativos o de Prud'Hommes desaparecerán, si bien el de Baiona permanecerá en activo.

Aun así, disconformes con dicha remodelación, informaron que su Colegio se ha unido al recurso interpuesto por la Conferencia de Abogados ante el Consejo de Estado contra el decreto que consagró el nuevo mapa judi- cial francés.

La segunda fase de la reforma, que Assie-Berasategui calificó de «tan insidiosa como la anterior» por la falta de información, tiene que ver con las competencias, contenidos y funcionamiento de los tribunales. Dati ha encargado a un grupo especifico -la Comisión Guinchard- la elaboración de un informe que deberá estar listo para el 30 de junio y que recogerá las propuestas para el futuro proyecto de ley.

La decana, basándose en las actuaciones anteriores de la ministra, puso en duda que el gobierno vaya a recoger dichas propuestas. Sin embargo, matizó que, aunque no reciben información suficiente y detallada de la comisión sobre las pretensiones de dicha ley, el Colegio de Baiona está ya trabajando y hará llegar sus pro- puestas.

Objetivo económico

La mayor preocupación de los profesionales de dicho colegio radica, no obstante, en los objetivos de la reforma, que criticaron con vehemencia. «Es evidente que lo que persigue el Gobierno es una reforma eminentemente económica, aunque lo encubra con palabras como simplificar o modernizar la Justicia», declaró la decana.

Al mismo tiempo, denunció que las intenciones de especializar ciertos tribunales en determinados casos o retirar competencias a otro no redunda en beneficio de la calidad de la Administración de Justicia y mucho menos aún en la de los ciudadanos para quienes los contenciosos serán más caros, los tribunales más lejanos y, por ende, el acceso a un derecho fundamental y a un servicio que el Estado debe garantizar quedará cada vez más en entredicho.

El Colegio de Abogados de Baiona va a llevar a cabo una campaña de información para sensibilizar a los profesionales y la opinión pública, así como a los diputados que serán quienes voten la ley.