Tras varios años de espera se conoce ya el texto de los decretos que desarrollan el régimen y las retribuciones del personal contratado laboral en la UPV. Estos decretos derivan de la Ley del Sistema Universitario Vasco, conocida como «ley Iztueta», que fue aprobada por el Parlamento de Gasteiz en 2004. En ella se regulaban las figuras de profesor contratado laboral permanente equiparadas en derechos y obligaciones con las del profesor funcionario. Se abría así el camino al nacimiento de un profesorado propio en la UPV. La puesta en funcionamiento de estos decretos permitirá próximamente la estabilidad inmediata de un gran numero de contratados administrativos (los antiguos asociados) y la apertura de concursos para la incorporación de nuevos profesores contratados laborales, entre ellos aquellos funcionarios que deseen convertirse en profesores propios. Desde el punto de vista jurídico existen todavía límites para la plena expansión de esas figuras, ya que la ley limita al 49% el porcentaje de contratados laborales. Las leyes españolas han colocado una barrera para evitar el avance cuantitativo del profesorado propio, barrera denunciada por la Generalitat catalana, pues ataca fundamentalmente los derechos de las universidades radicadas en las naciones históricas, las más interesadas en la presencia de profesores propios permanentes. Será un obstáculo a superar en el futuro.

La mencionada «ley Iztueta» obliga a un equilibrio entre contratados y funcionarios. Pues bien, queda por desarrollar la composición de los diversos estamentos en los órganos de gobierno. Además, la modificación promovida por el PSOE en 2007 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) posibilita una interpretación más equitativa de la representación de los diversos sectores. Sin embargo, por lo menos hasta ahora, la UPV no ha dado ningún paso para regularizar la situación actual -muy desigual- en el reparto de los representantes. Se mantiene el injusto monopolio de los funcionarios doctores en los diversos órganos de participación y gobierno de la universidad. A nuestro entender constituiría un gran fraude que en la próxima elección a rector, en mayo, no se subsanase esta anomalía y se repitiese lo sucedido hace cuatro años. En aquella ocasión quienes desconocían la maquinaria representativa universitaria se sorprendieron al observar en qué quedaba el supuesto sufragio universal, al ser ponderado con criterios tan desiguales como los aplicados. Por cierto, otra cacicada exigida por las antiguas normas españolas, como la obligación de que el rector sea catedrático, sigue inalterada en las nuevas leyes. Éstas siguen legitimando la desigualdad en ese punto entre contratados y funcionarios y tratan de que interioricemos un hecho en absoluto incontrovertible: que una universidad sólo puede ser gestionada adecuadamente si su máximo representante pertenece al cuerpo de catedráticos del Estado español. Otro condicionante a superar en la permanente lucha por la igualdad.

Recordamos cómo hace 16 años la mayoría de las autoridades académicas y muchos universitarios consideraban que la reclamación de un profesorado propio era una reivindicación imposible. Más aún cuando los tribunales habían cancelado abruptamente la vía jurídica. Sin embargo, estamos a punto de ver materializadas gran parte de nuestras aspiraciones. Literalmente, se han conseguido arrancar al Estado aspectos contractuales que parecía no estar dispuesto a asumir. Esto ha sido fruto de largos años de lucha que ocupan prácticamente cerca de cuatro decenios de vida universitaria. Desde el movimiento de los antiguos PNN hasta la resistencia de los de la «Pankarta», pasando por el movimiento de los profesores asociados de la UPV.

Las lecciones a extraer de esta aventura son muchas. Toda alteración de un orden legal o un determinado funcionamiento implica una apuesta contra lo establecido, el empleo de formas de insumisión que requieren determinación y sacrificio. Toda lucha justa es útil con independencia de los resultados y abre vías para que otros puedan seguir luchando y conquistando espacios de mayor libertad e igualdad. Hacer posible lo anteriormente considerado imposible es el objetivo de toda política emancipadora. Y el destino de sus militantes es menos importante que la verdad transformadora que transmiten, las conquistas alcanzadas o la conciencia que inducen. Por eso nos sentimos orgullosos a pesar de no haber logrado aún nuestro ingreso en la universidad.

Queremos aclarar que el sentido que hemos dado al enunciado del profesor propio no se agota con la existencia de sistemas contractuales que den estabilidad y derechos laborales al profesorado dentro de modalidades no funcionariales. Por profesor propio entendemos un docente e investigador cuyo trabajo no esté basado exclusivamente en adquirir un estatus social y académico o en el simple interés económico, la promoción personal o el disfrute de prebendas de cualquier tipo. Sino principalmente por amor a la propia actividad, identificación con las aspiraciones de nuestro pueblo y por la satisfacción íntima que le produce el desempeño creativo de su labor. Pensamos en un profesor comprometido con su país y estrechamente vinculado al proceso de construcción nacional. Esto debe a su vez estimular su presencia en el concierto científico mundial y su aportación al conocimiento universal. Pero desde sus raíces y señas de identidad. En este sentido real, el proceso de configuración de un profesorado propio comienza precisamente en el momento de la puesta en marcha de esas nuevas figuras, paradójicamente en el momento en que acaba su articulación jurídica con los decretos citados. Por esa razón se trata de un proceso siempre inacabado, indefinido en su devenir, sometido por lo tanto a los vaivenes de la lucha política, dentro y fuera de los recintos universitarios.