Los árabes con nacionalidad israelí, el 20% de la población de Israel (alrededor de 1,2 millones de palestinos), se quejan de que, sesenta años después de haber optado por quedarse a vivir en Israel, sus vecinos judíos y las autoridades les siguen tratando como enemigos.

El Día de la Tierra recuerda la muerte, el 30 de junio de 1976, de seis palestinos israelíes durante las protestas que siguieron a la aprobación de una orden de expropiación de tierras de árabes en lo que ahora se conoce como el «triángulo del Día de la Tierra», en la Baja Galilea.

La ciudad de Árabe, uno de los vértices del triángulo, acogió ayer la mayor concentración de la jornada, con más de 5.000 participantes que portaban banderas negras, en señal de duelo y dolor, insignias comunistas y banderas palestinas.

«En 1948 el 75% de la tierra del actual Israel era palestina y ahora menos del 1,5% de la tierra está en manos de palestinos», señaló a Efe el diputado palestino israelí Ibraim Sasur.

Según él, «la tierra es el espíritu de la existencia de 1,2 millones de árabes en Israel. El Gobierno insiste en discriminar a esta minoría en todos los aspectos de su vida cotidiana, pero nosotros continuaremos trabajando por la mejora de nuestras condiciones de vida en términos de propiedad de la tierra, planificación urbana, planes de jurisdicción y de desarrollo industrial y económico».

El portavoz del Comité de Seguimiento para los Árabes en Israel, Abed Inbitawe, explica que «hoy en día las expropiaciones de tierras a ciudadanos árabes continúa y hay planes para destruir viviendas árabes en ciudades como Jaffa, Lod, Ramla y amplias zonas del Neguev. Además, las autoridades deniegan los permisos para construir o ampliar nuestras viviendas».

La población palestino-israelí denuncia la existencia de un plan sistemático para «judaizar la Galilea», una región del norte de Israel donde vive el 80% de la población árabe del país.

«Los israelíes no quieren que vivamos a su lado. El racismo crece rápidamente en la sociedad israelí y en la clase política», asegura.

La discriminación es ilegal y puede ser denunciada, pero muchas veces se lleva a cabo de forma sutil, indica Inbitawe. Uno de los métodos es que, para acceder a una vivienda o a un trabajo, se pide haber hecho el servicio militar, obligación de la que los árabes están eximidos,

Para él, «es común que a uno no le vendan una casa por ser árabe, o que no acepten a sus hijos en un colegio. Además a los palestinos israelíes sólo se les contrata para los trabajos peor remunerados».

La discriminación se extiende a la arena política, donde los diputados árabes (10%) son generalmente excluidos de cualquier pacto. Nunca en seis décadas un miembro de un partido árabe ha formado parte del Gobierno. «Como miembros árabes de la Knesset (Parlamento) somos percibidos como una realidad nacional diferente. Sufrimos una política de exclusión. No se negocia con nosotros. No contamos para formar Gobierno. No tenemos un impacto real. Somos considerados enemigos», explica el diputado Hana Swaid.

Asegura que «sin igualdad no puede haber una democracia verdadera» y considera que el hecho de que Israel se defina como un Estado judío «es una contradicción con el hecho de tener una gran minoría no judía que suponga un 20% de la población».