Ha notado que últimamente no descansa igual que antes? ¿Le cuesta conciliar el sueño por las noches? ¿Se siente a menudo bajo de defensas y más propenso a las enfermedades? ¿Sufre dolores de cabeza sin explicación aparente? Si ha respondido afirmativamente a estas preguntas, quizá también lo haga a alguna de estas otras: ¿Han instalado cerca de su vivienda o de su puesto de trabajo una antena de telefonía móvil? ¿Vive, trabaja o estudia en un entorno saturado de conexiones wi-fi?

La contaminación electromagnética es una realidad incontestable. Su influencia negativa sobre la salud de las personas y sobre el ecosistema está científicamente probada. Hay evidencias de sobra. Éste es el punto de partida de las jornadas que, de forma consecutiva, se celebrarán este mes en Basauri y Barakaldo, organizadas por diversos colectivos ecologistas y por la Coordinadora Vasca de Afectados por Campos Electromagnéticos.

Antenas, el foco más agresivo

Hoy por hoy, el principal foco de contaminación electromagnético, el más agresivo y preocupante, lo conforman las antenas de telefonía móvil. Aunque los estudios epidemiológicos oficiales no existen o no son todo lo exhaustivos que deberían, está suficientemente comprobada la relación entre estos dispositivos y el incremento de afecciones por cáncer, alzheimer, parkinson, ictus cerebral, enfermedades coronarias y problemas cardiovasculares en la población más expuesta. Es paradigmático el caso de Majadahonda, localidad madrileña en la que se registraron 45 casos de cáncer en cuatro portales afectados por una sola antena.

No es algo que se note de un día para otro ni que afecte a todo el mundo por igual, pero la exposición es continua, 24 horas al día y 365 días al año. Las consecuencias pueden ser irreversibles y cada hoja del calendario cuenta, de ahí la urgencia con la que están trabajando los colectivos sociales que se mueven en este campo, «porque el tiempo del debate ya pasó, ya no ha lugar a discusiones sobre lo que está más que demostrado científicamente: las ondas electromagnéticas son extremadamente nocivas», afirman.

El objetivo es despertar las conciencias de los ciudadanos y, por ende, presionar a las instituciones. Especialmente a las locales, porque a nivel estatal la batalla, al menos por el momento, la han ganado los lobbys vinculados a los operadores de telefonía.

La normativa que regula el espacio radioeléctrico en el Estado español fija en 450 microwatios por centímetro cuadrado el límite máximo de emisión para las antenas de telefonía móvil. Un límite desorbitado: con 500 microwatios logramos que comience a calentarse un vaso de leche en el microondas.

Esta normativa permite que cada institución rebaje a discreción ese límite en su territorio de jurisdicción. En Bizkaia es de 400, una reducción que no llega ni al lavado de cara, y Catalunya apenas baja a los 200. Es en Castilla la Mancha donde tienden a lo razonable, con un límite general de 10 microwatios, que se rebaja hasta 0,1 en zonas sensibles como los hospitales. En toda la ciudad de París el límite es de 1 microwatio.

Los niveles que maneja el Estado español resultan más absurdos, si cabe, al conocer que los científicos calculan que ni siquiera con 0,001 microwatios por centímetro cuadrado se puede garantizar una afección nula sobre el organismo. Una diferencia abismal.

Pero todo esto que es cada vez más evidente y reconocido choca con la terca realidad: por cada antena colocada en un núcleo urbano, una operadora de telefonía móvil obtiene beneficios de entre 100.000 y 200.000 euros diarios. Y lo que es peor, a día de hoy no se conocen límites para el desarrollo del negocio.