El juicio contra Antonio Fontaneda Martínez será sin duda uno de los más largos y sonados de los últimos años en Nafarroa. Este «promotor artístico», como él mismo se autodenominaba, se sentará en el banquillo de los acusados junto con cuatro procesados más. Uno de ellos es Manuel Cid Conde, administrador único de una de las empresas creadas para la captación de inversores en Donostia y a quien, junto a Fontaneda, se solicita la devolución de la cantidad económica estafada.

Los otros procesados son Juan Pedro Echarri -ex director del Banco Guipuzcoano-, Jesús Adolfo Guallar y Raúl Martínez Palacios, hijo del propio Antonio Fontaneda, quien se cambió de apellido.

El origen de este rocambolesco caso se remonta a abril del año 2000, cuando la Policía española detuvo en Iruñea, Donostia y Madrid a doce personas presuntamente implicadas en una estafa cometida con fondos captados para inversiones que luego no se materializaban. A lo largo de un año, los inversores aportaron más de 2.000 millones de pesetas de entonces, confiados en las promesas de que iban a recibir intereses anuales que oscilaban entre el 50 y el 120%. Antonio Fontaneda fue acusado de ser el cerebro de esta operación, realizada a través de la empresa Grupo Acai 3 junto con Manuel Cid Conde.

De Gipuzkoa y Nafarroa

La mayoría de las personas estafadas residían en Gipuzkoa y Nafarroa, pero también en Madrid y Marbella. Muchos de ellos confiaron a Antonio Fontaneda cantidades en torno a un millón de pesetas, pero otros llegaron a invertir decenas de millones en supuestas «operaciones inmobiliarias y artísticas».

Pasaba el tiempo y estos inversores veían que no recibían los elevados intereses que les habían prometido Antonio Fontaneda y Manuel Cid, quienes además les habían garantizado la devolución de las cantidades invertidas con sus patrimonios personales y sus sociedades.

En su escrito de acusación, el fiscal sostiene que no fueron realizadas ni las inversiones inmobiliarias ni las producciones artísticas prometidas, «al menos de forma viable», y que el dinero obtenido iba destinado a «proporcionar a Fontaneda un nivel de vida y una apariencia personal de cara a la sociedad impropia de una persona sin ingresos y nulo patrimonio».

Tanto Fontaneda como Conde, según la Fiscalía, adeudan a los inversores engañados más de 1.300 millones de pesetas de la época (el euro aún no se había puesto en circulación), y sobre cada uno de ellos pesa una petición de seis años de prisión y multa de 30.000 euros.

Por su parte, las acusaciones particulares imputan el mismo delito de «estafa piramidal» a los otros tres procesados, pero no existe acusación fiscal para ninguno de estos últimos.

En la vista oral de este juicio, que se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Iruñea, prestarán declaración más de 200 testigos, entre ellos caras tan conocidas como Leticia Sabater o Marlene Morreau. En la primera sesión se tratarán cuestiones previas con asistencia de las partes, y a partir del lunes comenzarán a declarar los procesados.