En un auto fechado el 18 de marzo y contra el que cabe interponer recurso, Ovejero estima que la fianza «no puede bajar de la tercera parte más del total del importe presuntamente apropiado» deduciéndose de los expedientes investigados que éste «asciende a 700.000 euros», por lo que la fianza de Bravo será de 933.000 euros.

No obstante, la juez desestima ampliar el embargo de nuevos bienes del imputado puesto que «desde la fecha del auto inicial no se han hallado otros distintos» sin perjuicio «de lo que en un futuro pudiera averiguarse».

Por otro lado, la titular del juzgado número dos de Irun desestima las pruebas propuestas por el abogado Fernando Argote, personado como acusación popular en esta causa, y por la representación de la sociedad Electromuebles Geuría.

Argote pidió la identificación de los funcionarios, responsables de caja y de los sistemas de auditoría que trabajaron en la oficina de Irun desde 1990 hasta 2005 y también a los funcionarios que intervinieron en el expediente de Añaburu y al que acordó el levantamiento del embargo de los bienes trabados en el expediente de Transportes Amical. Ovejero no estima «pertinente» adoptar esta medida que considera «desproporcionada e innecesaria». En cuanto a la prueba solicitada por la representación procesal de Electromuebles, que instaba a que se aclare por la Diputación si se realizó alguna actividad dirigida al cobro de su deuda, la juez estima que «no parece precisa» puesto que ya se ha constatado «la existencia de embargos por orden de la Hacienda» foral.

No obstante, sí se admite la prueba pericial propuesta por la Diputación a fin de que «se certifique desde qué fecha Bravo permaneció en situación de excedencia» y se requiere también a la institución foral con el objetivo de «que aporte los expedientes de los contribuyentes cuyas deudas son objeto de investigación» en la causa. También, se admite la prueba pericial propuesta por la Diputación y la petición de los antecedentes penales de los imputados.

Por otra parte, la juez considera remitir los términos de lo acordado al administrador judicial antes de declarar embargadas las 500 participaciones que Pedro María Atristain, socio de Bravo en tres empresas e imputado en este caso, detenta en la Correduría Urdanibia y de las que es titular en Urdanibia Asesores y de «tener por consignadas las cantidades obtenidas por Bravo y su esposa, Rosa Cobos, con la venta de sus participaciones, que ascienden a 7.601,9 y 8.372 euros».