ELA acusó ayer a Lakua de «connivencia, complacencia y acompañamiento» con los intereses empresariales y de no ejercer sus competencias en materia de salud laboral para no «meterse con la patronal». Además, consideró que Osalan manipula los datos de siniestralidad, rechazó el plan de gestión del instituto y justificó su decisión de no participar en los grupos de trabajo, porque el tripartito «lo que puede hacer» en este ámbito «no lo quiere hacer».

La tercera parte de los perceptores de la renta básica del Gobierno de Lakua cuenta con un empleo y un salario, pero insuficiente y se ve obligado a completarlo con esta prestación. El Departamento de Empleo quiere incentivar a los beneficiarios a acceder al mercado laboral.

LAB anunció ayer que se retira como acusación popular en el procedimiento penal abierto por el llamado fraude de la Hacienda de Irun para seguir en adelante la vía contencioso-administrativa. La decisión fue tomada después de constatar que la instrucción está únicamente encaminada a desvelar la cuantía de lo defraudado y centrar las responsabilidades en el principal imputado, José María Bravo, dejando a un lado las responsabilidades políticas.

La patronal de la industria alimentaria española acusó a la Comisión de la Competencia de no haber actuado con independencia y de que han sido intereses políticos y la necesidad de ocultar la inacción del Gobierno los que han motivado el expediente por el alza de precios.