Recurrentemente en el Parlamento de Navarra se debate la posibilidad de cambiar la Ley Foral del Vascuence (LFV). Estos días en concreto, Izquierda Unida ha presentado una proposición para que algunos municipios de la cuenca de Iruñea que están en zona no vascófona entren a formar parte de la zona mixta y así, aunque sea de forma limitada, los ciudadanos de estos municipios vean ampliados sus derechos.

Han pasado 28 años desde que el Parlamento foral aprobó la oficialidad del euskara en toda Nafarroa, desde Tutera hasta Amaiur; y 21 años desde que la LFV incumplió ese mandato y dividió Nafarroa en tres partes y a los navarros en dos categorías.

Pese a todo, pese a la zonificación lingüística, y no gracias a ella como recientemente afirmaba un alto responsable del Gobierno, el euskara está vivo en toda Nafarroa, con intensidades diferentes pero presente en todo el territorio foral. Hoy la realidad sociolingüística de Nafarroa nada tiene que ver con la existente en 1986. Entre los navarros nacidos después de esta fecha hay más euskaldunes, en todas las comarcas del territorio foral ha habido un crecimiento en cuanto al conocimiento del euskara. Sin embargo, la presencia, el fomento y el derecho a usar el euskara ante las administraciones públicas se ha visto paradójicamente restringido.

En Nafarroa la política lingüística ha venido marcada por las vísceras y aquellos que mediante subterfugios políticos desobedecieron al Parlamento de Navarra y apoyaron la zonificación han seguido utilizando el euskara con fines políticos. Han concedido y negado derechos a voluntad, han discriminado a los ciudadanos sin pudor, han borrado el euskara de los edificios y de las carreteras, lo han puesto en competencia directa con el inglés y lo han expulsado de la función pública; y todo esto en nombre de la no discriminación al castellanoparlante.

Ahora el Parlamento va a debatir si se amplía la zona mixta o no. A estas alturas del partido, tras 22 años de la aprobación de la Ley y con un panorama sociolingüístico totalmente diferente, se discute sobre un cambio raquítico en el estado de las cosas. Hablar y debatir sobre modificar la zona mixta resulta pobre y poco adecuado, ya que el problema jurídico es otro: la cooficialidad. Y cuando se habla de cooficialidad no significa que el euskara se vaya a imponer en toda Nafarroa desde la primera piedra hasta el último funcionario. Cooficialidad significa que la administración autonómica ha de garantizar los servicios en esta lengua y que la voluntad del ciudadano sea respetada. Que en cualquier lugar de la Comunidad foral, sin traba administrativa alguna, pueda estudiarse en inglés y no pueda estudiarse en euskara, además de ser una discriminación, nos empobrece como sociedad.

Aquí nadie quiere imponer el vascuence, sólo exigimos de la Administración foral -que también pagamos-, que nos trate por igual. No se trata de sacar provecho del conocimiento de una lengua, se pretende recibir un servicio en la misma. Si no, habrá que empezar a pensar en que se nos aplique la rebaja fiscal correspondiente bajo la máxima de «a menos servicios, menos impuestos».

La cooficialidad del euskara en Nafarroa es cuestión de tiempo, pues es una cuestión de democracia, de profundización en derechos, de racionalidad y de realidad social. Esta decisión la tomarán otros gobernantes, ya que los actuales prefieren agitar demagogias y jugar políticamente con el euskara, dando muestra de su calado democrático: manteniendo muros o, como afirma la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias, desarrollando actuaciones que más recuerdan a un gueto que a una política de normalización lingüística.

La propuesta que estos días va a debatir el Parlamento de Navarra para nada resuelve las demandas y las necesidades del actual mapa sociolingüístico de Nafarroa. Sin embargo, y esto es importante, para los ciudadanos que viven en estos municipios la modificación, en caso de aprobarse, va a suponer una ampliación de sus derechos y, hoy por hoy, aunque sea triste reconocerlo, esto es un lujo en Nafarroa.