Nada más tomar el cargo, los concejalesa de EAE-ANV de Lezo dieron cuenta de las sospechas que tenían en torno a las irregularidades cometidas por el equipo de gobierno saliente, liderado por la coalición PNV-EA. Concretamente habían apreciado «la existencia de algunos puntos oscuros, especialmente en lo que respecta a la situación financiera del municipio», y así lo hicieron saber ante los medios. De hecho, adelantaron que habían encontrado «indicios de prevaricación en algunas decisiones del anterior gobierno».

Ante estas sospechas, el equipo de Gobierno actual, en manos de la formación ekintzale, que cuenta con mayoría absoluta, solicitó a la empresa ZB Auditores que realizase una auditoría acerca de la gestión llevada a cabo durante los últimos cuatro años.

Tras meses de trabajo, la empresa auditora presentó su informe hace escasas semanas, y éste no ha hecho más que confirmar sus sospechas, tal y como han informado desde el Ayuntamiento de Lezo. El documento se ha centrado en el análisis del procedimiento de contratación de varios expedientes, en los que han apreciado numero- sas irregularidades.

Por ejemplo, se cita que en el proyecto básico de construcción de aparcamiento y urbanización en la zona de Arraitoki «la adjudicación se ha realizado sin tramitar ningún expediente de contratación, adjudicándose de forma directa, sin aprobación previa de órgano de gobierno municipal alguno». Sin embargo, al ascender a más de 72.000 euros el presupuesto de este proyecto «debería haberse convocado el correspondiente concurso público» y cumplir «los procedimientos y formas de adjudicación establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLACP), con los debidos principios básicos de publicidad y concurrencia».

Una irregularidad semejante es, según la auditoría, la que se ha producido también en las obras de excavación de Tximistarri, ya en ejecución. Destacan que en este caso también no existe un expediente de contratación, adjudicándose la obra de forma directa y sin convocar el correspondiente concurso abierto. Pero además, incluye que la obra fue encargada por el concejal delegado de Urbanismo «que no tenía competencia para la autorización o disposición de gasto alguno por este concepto». Al carecer el proyecto y la factura del visto bueno de algún técnico del área, «no ha existido reconocimiento formal de la obligación de pago».

En cuanto a la venta mediante concurso de la parcela 2A en el polígono 107 de Lezo, la auditoría sostiene que las condiciones generales establecidas para poder participar «van en contra del principio de concurrencia, por ser excesivamente limitadas». Desde el Ayuntamiento informan de que la parcela fue valorada en su día en 261.271 euros, si bien una valoración posterior fijó su valor en 987.198 euros. La única empresa que se presentó a concurso abonó una cantidad de 318.000 euros. Por otra parte, en el informe de la empresa ZB Auditores se recoge que en la firma de contrato se incluye una cláusula que no fue expuesta ni especificada en los pliegos de condiciones». Ésta compromete al Ayuntamiento a abonar los trabajos de excavación que, según informan, ascienden a 250.000 euros.

Desde el Consistorio han destacado especialmente las irregularidades en la adjudicación de la remodelación del edificio Pildain, donde se prevé la construcción de un centro de día y apartamentos tutelados. La auditoría recoge que «el contrato y su pliego de condiciones son aprobados previamente a la finalización del período de exposición al público del proyecto del edificio y el estudio de viabilidad, pese a que en el pleno el secretario del Ayuntamiento apuntó que este hecho quebrantaba un artículo del TRLACP». Miembros de gobierno municipal se lamentan de esta actuación, porque creen que esto hipoteca el presupuesto del órgano municipal ya que la obra asciende a más de 4 millones de euros. Además, recuerdan que cuando la izquierda abertzale gobernaba hace dos legislaturas, se estaba ultimando un acuerdo con la Diputación Foral de Gipuzkoa que era «económicamente más beneficioso y respondía de manera más eficaz a las necesidades de la zona». «El anterior gobierno del PNV echó por tierra el acuerdo que estaba apunto de cerrarse y, tras cuatro años en el gobierno, al final de la legislatura y precipitadamente tomó la decisión de sacar a concurso la obra y un contrato por 40 años», explican..

«Si ven indicios, acudan a la Fiscalía»

Desde el Ayuntamiento afirman que no descartan acudir a los juzgados; de hecho están analizando con los abogados esta posibilidad. Asimismo, adelantan que, además de las irregularidades que se recogen en la autoría, existen más y las harán públicas próximamente.

El grupo municipal del PNV, ante estas sospechas, presentó el pasado mes de febrero una moción en el pleno en la que instaba al actual equipo de gobierno a «dirigirse a la Fiscalía» y a poner en conocimiento de este órgano «los mínimos indicios de prevaricación u otros delitos» que el partido independentista pudiese detectar «en la toma de decisiones de cualquiera de los órganos de decisión de la anterior Corporación». El texto presentado por los jelkides fue aprobado por el Pleno.