Los europeos se están acostumbrando a que al insulto se añada la injuria. Por varias excelentes y bien ponderadas razones, a mediados de 2005 los franceses y los holandeses rechazaron la Constitución europea. En Francia tuvieron que transcurrir 13 años para que alguien se molestara en preguntarles a los ciudadanos lo que pensaban de Europa, y respondieron con un vigoroso 55% que Europa andaba en una dirección neoliberal de todo punto equivocada. Sí, es verdad: hubo algunos «no» procedentes de la extrema derecha, pero el grueso de ellos procedía de pro-europeos que rechazaban ver Europa reducida a una plaza de mercado.

La expresión de la soberanía popular resultó intolerable para las elites. Ahora han puesto remedio a la situación forzando, a través del Tratado de Lisboa, una copia en papel carbón de la Constitución, con unos pocos «cambios cosméticos» que «la hagan más fácil de tragar», según dijo sin rebozo el ex presidente francés Valéry Giscard d'Estaing. Debe saber de qué habla, habiendo sido redactor del documento original.

Ni bandera oficial ni himno de Beethoven, pero el resto ahí queda. No es necesario que me crean a mí; escuchen a Giscard, Angela Merkel, Karel De Gucht, Giuliano Amato, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Bertie Aherne y Jose Manuel Barroso, dirigentes europeos, todos, que no pudieron recatar grandes signos de alivio. En lo tocante al proceso, antidemocrático de cabo a rabo, que llevó al Tratado de Lisboa, Günther Verheugen, vicepresidente de la Comisión Europea, aportó su mejor grano de arena tras el sufragio franco-holandés: «No debemos ceder al chantaje». No lo hicieron. Una piensa en el Bertolt Brecht que en 1951 dijo del régimen de la Alemania del Este: «Tras la insurrección del 17 de junio / El Secretario de la Unión de Escritores / Mandó distribuir octavillas en la Stalinallee / Sosteniendo que el pueblo / Había traicionado la confianza del gobierno / Y sólo podría volver a ganarla / Con redoblados esfuerzos. ¿No sería más fácil / En este caso para el gobierno / Disolver al pueblo / Para elegir otro?»

Ello es que el texto del Tratado se pasará a los Parlamentos sin tiempo para la discusión y el debate. El propio Nicolas Sarkozy dejó dicho a los europarlamentarios derechistas que si fueran a celebrarse referenda sobre el Tratado de Lisboa, se perderían; si votaran los franceses, volverían a decir «no». Bajo ninguna circunstancia debería permitirse que los ciudadanos fueran consultados en referéndum (e Irlanda se equivocaba gravemente al imponerse esa obligación).

No cometan el error de darle a leer al pueblo un texto claro. El Tratado de Lisboa es lo que tendréis, os guste o no, aunque todavía no disponemos de una copia: sólo cinco o seis documentos separados, protocolos y declaraciones, el coleccionar y relacionar a satisfacción entre sí los cuales os puede llevar unos cuantos años. Y, claro, desde luego que sí; tenemos al hombre que habrá de dirigir a la nueva Europa que este Tratado trata de imponeros: Tony Blair.

Ni pintado para la labor. Podemos contar con él para promover «un papel más resuelto de la UE en materia de seguridad y defensa, a fin de contribuir a la vitalidad de una OTAN renovada». Y garantizará que Europa «respetará las obligaciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es el fundamento de la defensa colectiva de sus miembros», conforme al protocolo 4 del Tratado (el cual, como los demás protocolos y declaraciones, tiene la misma fuerza jurídica que el propio Tratado y es de rango superior a cualquier legislación nacional).

No sabemos cuáles serán las políticas futuras de la OTAN y andamos al respecto con los ojos vendados. Pero sí sabemos que los EEUU seguirán dirigiéndola y que el presidente norteamericano seguirá siendo de hecho su comandante en jefe. ¿Quién mejor que Blair para dar brillo a las medallas del (o la) comandante y lustrar sus zapatos?

La UE también está gozosamente empeñada en políticas orientadas al mercado, lo que no puede sino llenar de satisfacción a Blair. En los 410 artículos del Tratado, hay 63 referencias al «mercado», y la palabra «competencia» se cita 25 veces. «Progreso social» logra 3 menciones, «pleno empleo», una, y «desempleo», ninguna. ¡No se puede tener todo a la vez!

Lo que se sí se puede tener es una degradación de la política social y de los servicios públicos. Cualquier armonización al alza de la política social (o fiscal) de la UE requerirá la unanimidad de los 27 miembros, de modo que habrá una presión irresistible a favor de la reducción de impuestos y servicios sociales. En lo atinente a servicios públicos, son específicamente sometidos a la competencia. El Tratado no afecta «a la competencia de los estados miembros para suministrar, comisionar u organizar servicios no-económicos de interés general», lo que puede sonar tranquilizador. El problema es que los «servicios no-económicos» no están definidos en parte alguna, y según las interpretaciones, podrían quedar reducidos a policía y tribunales. La Corte Europea de Justicia no ha mostrado hasta ahora una indebida afición a los servicios públicos, y la Comisión podría obligar a los estados miembros a dejar de subsidiarlos, de manera que Blair se sentirá casi como en casa.

Entre las varias cláusulas de la Constitución, el Tratado ha mantenido la Carta de Derechos Fundamentales, un manso y dulcifluo compendio que garantiza hartos menos derechos que la mayoría de las constituciones nacionales. Magro ya como era ese compendio, resultaba, empero, demasiado para Blair, quien exigió -y obtuvo- una exención para el Reino Unido, incorporada al moroso y detallado Protocolo 7. Todo lo que puede inferirse de esto es que en nuestra brava nueva Europa las reglas concernientes a la libertad de mercado y a la competencia son reglas de todo punto obligadas, mientras que cualquier cosa que roce, aun ligera y limitadamente, asuntos de derechos humanos y sociales es optativa. ¿Por qué habría de ofrecer otra perspectiva la presidencia de Europa por parte de Blair?

Si Europa os parece todavía remota e indigna de merecer vuestra atención, tenéis que saber que el 80% o más de las leyes que se os aplicarán, a vosotros y a vuestros países, no vendrán de la sede de vuestros gobiernos nacionales, sino de Bruselas. Esperemos que la petición contra la presidencia de Blair se abra camino entre los 27 estados miembros, o que el propio Tony decida contentarse con el putativo medio millón que recibirá anualmente como asesor a tiempo parcial del banco de inversiones Morgan Chase. Si salta del rojo vivo de la sartén británica al fuego de Bruselas, 450 millones de ciudadanos europeos corren el riesgo de graves quemaduras.

© www.sinpermiso.info. Públicado anteriormente en «Red Pepper» y traducido por Casiopea Altisench.