El representante del fiscal que presidió ayer en el Tribunal de Baiona la vistilla por las acusaciones contra Aurore Martin y Jean-Luc del Campo les propuso como sanción una multa de entre 600 y 1.000 euros o la retirada del carnet de conducir por un periodo de tres a cinco meses.

Los hechos que se les imputan tienen relación con la convocatoria de una manifestación a finales de noviembre pasado tras haberse conocido que el preso político de Ortzaize Joan Bidart, detenido el 24 de setiembre, había intentado suicidarse en su celda de la prisión de Tulle.

Los dos jóvenes fueron interpelados por la Policía cuando realizaban una pintada con el lema «Euskal presoak etxera. Denok manifara!» en las paredes de una delegación administrativa del Estado en Baigorri. La Policía intentó, además, tomarles muestras para analizar el ADN, a lo que los dos jóvenes se negaron, por lo que fueron acusados por un lado de «degradación de bienes públicos» y, por otro, de «rechazo a someterse a un análisis de ADN».

Es precisamente esta última cuestión la que más preocupa tanto a los propios acusados como a sus representantes legales, quienes solicitaron ayer un aplazamiento de 10 días para poder estudiar y valorar la propuesta de sanción del fiscal. Esta propuesta alternativa, de ser aceptada por las partes, evitaría la puesta en marcha del juicio en el que desembocaría el procedimiento habitual.

Aurore Martin manifestó a la salida del encuentro con el representante fiscal que todavía no habían tenido tiempo para analizar todos los elementos de la acusación, ya que el expediente judicial les había sido comunicado ayer mismo.

«Sistemático» en militantes

«La aplicación de la nueva ley sobre la toma de muestras para analizar el ADN es muy reciente y debemos analizar si el nuestro entra en los casos en que existe obligación de someterse a ellos», dijo Martin, al tiempo que denunciaba que «cuando se trata de asuntos en los que hay una implicación militante, la medida se está aplicando casi sistemáticamente haya o no motivo legal para ello».

El fiscal aceptó el aplazamiento de la respuesta de los acusados al próximo día 21.

Mientras tenía lugar la vistilla, una veintena de personas, entre las que se encontraban representantes de Batasuna y de Askatasuna, desplegaron una pancarta con el lema «Errepresioa ez da bidea» ante el Palacio de Justicia, para así denunciar el hostigamiento contra los militantes acusados.