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Maite SOROA

"El Mundo" contra los trabajadores de EHAK

La sed de venganza de la derechona fachonga no tiene límites conocidos. Ahora que los jueces españoles han puesto de patitas en la calle a los once trabajadores de EHAK, «El Mundo» se columpiaba ayer con un suelto editorial que debiera merecer la denuncia de cualquier sindicato del mundo entero. Lean, lean: «El Partido Comunista de las Tierras Vascas ha solicitado la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo para pagar los salarios y las cuotas de la Seguridad Social a sus trabajadores, toda vez que la Audiencia Nacional les ha bloqueado las cuentas de acuerdo con el proceso abierto para determinar si el partido abertzale debe ilegalizarse». Y, ¿donde se encuentra ahí la noticia, el hecho novedoso? Pues en las fobias del propio Pedro J. habrá que entender.

Reconocen además que «la Inspección de Trabajo de Guipúzcoa ha informado favorablemente a la solicitud del PCTV -a la espera de que la Dirección General de Trabajo adopte una decisión definitiva- siguiendo una lógica administrativa sobre la que caben objeciones». Ahora viene lo bueno: en el partado de las objeciones.

Y es que, dice el escriba sentado de Ramírez, «como regla general, los trabajadores tienen derecho a que, a través de un ERE, la administración compense con fondos públicos parte de las obligaciones sociales contraídas por su empresa si ésta quiebra. Pero, en el caso del PCTV, resulta escandaloso que quienes trabajan para una organización presuntamente delictiva reclamen su derecho al paro». ¿Y eso?

Para justificar su arranque de envidia amarilla, el editorialista de «El Mundo» se escuda en que «no se puede olvidar que nueve de los once empleados del PCTV están siendo investigados por su vinculación a Batasuna y otras extensiones de la constelación etarra, que existe la sospecha certera de que los empleados del PCTV se valieron de esta marca blanca de ETA sólo para soslayar la ilegalización de Batasuna, y que se apresuraron a vaciar las arcas de la organización previendo los efectos del proceso penal. No se trata de mermar derechos, sino de valorar todos los elementos para evitar que los proetarras se beneficien de las prebendas del mismo Estado que quieren destruir». Un caradura, eso es lo que es.

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