La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 5 de Bilbo, a la que ha tenido acceso GARA, condena al conductor que el 3 de enero de 2006 atropelló a los hermanos Aitor y Oihane Aginako causándoles la muerte, a un año de retirada del carnet de conducir y a una multa de doce euros diarios por dos meses, que podrá recuperar después de ese plazo si realiza un curso de sensibilización y reeducación vial.

Reconoce el tribunal que existió una imprudencia, pero la pone en relación con la existencia de una señalización que inducía a error, al afirmar que el conductor «debido a la falta de atención a la conducción y a la confusa señalización existente en la zona, no se percató de que en ese momento varios peatones cruzaban la calzada a través del paso de cebra, centrando su atención en que el semáforo aéreo que creyó que regía se hallaba en fase verde, viendo limitada su visibilidad por una camioneta que acababa de detenerse bruscamente ante el paso de peatones». Como elemento determinante de que la señalización era deficiente, la sentencia señala el hecho de que el departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación de Bizkaia la cambió en un plazo inferior a una semana después del doble atropello mortal.

Señalización

De esta forma, la sentencia, que hace un análisis de la imprudencia del conductor, la pone en relación con el sitio en el que se produjo el accidente y las circunstancias que en ese momento se dieron en el lugar, valorando que la señalización del semáforo estaba mal en relación con el paso de peatones, y considerando que esa circunstancia aminora la responsabilidad del conductor. Así lo entiende el abogado que representó en la vista a la familia Aginako, Kepa Landa, para quien la sentencia «puede ser discutible, y de hecho consultaré con los padres si la quieren recurrir o no, pero lo que sí deja muy claro es que hubo una concurrencia muy importante en la producción de las dos muertes por el hecho de cómo estaba la señalización».

Cree Landa que la sentencia «reafirma la opinión de la ciudadanía de que hubo una responsabilidad evidente de las administraciones». Sin embargo, si bien cabe recurso a la sentencia, se reducirá a dilucidar si la imprudencia del conductor fue leve o grave, pero «a las administraciones no se les puede llevar a juicio, entre otras cosas, porque el juez de instrucción cortó de raíz todas las gestiones que se hicieron por nuestra parte; no permitió orientar por ahí la investigación».