SOS Racismo presentó ayer su informe anual sobre el racismo en el Estado español, en el que alerta sobre el discurso xenófobo de políticos y medios de comunicación, que «vincula inmigración y delincuencia» y condiciona la residencia a la asimilación de las «costumbres y creencias» del país, al tiempo que plantea derogar la Ley de Extranjería que, en su opinión «cronifica la irregularidad» al no incluir una vía de salida a esta situación, y es «discriminatoria y lesiva» respecto a los derechos de los inmigrantes.

Según sus datos, cerca de medio millón de extranjeros se encontraban en situación irregular en diciembre de 2007 y «en la actualidad no tienen posibilidad de cambiar esa situación porque no existen mecanismos legales».

El informe expone que las decisiones de la UE en materia de inmigración hacen que se convierta en «una isla inalcanzable» y recuerda que en 2007 se localizaron 1.861 cuerpos sin vida de personas que intentaban llegar por mar y tierra a territorio europeo, aunque el número de fallecidos «nunca se sabrá».

Por eso, propone el cese de la política de externalización de fronteras, el cierre de los centros de internamiento por «falta de regulación» y la implantación de medidas permanentes de regularización.

Además, alerta de la implantación de un discurso social que favorece el racismo y del que responsabiliza, en gran parte, a los políticos y a algunos medios de comunicación.

Denuncia situaciones de explotación laboral, en el ámbito rural y en el trabajo doméstico, de discriminación de personas extranjeras con respecto a políticas sociales, y de abusos por parte de cuerpos de seguridad públicos y privados.