Pedro J. Ramírez no disimulaba ayer su alborozo por la cornada judicial a Atutxa, Bilbao y Knörr. Y lo hacía en forma de editorial de «El Mundo» titulado «Una sentencia con buenas secuelas». Lo de las secuelas es más preocupante. Según Ramírez y su escriba sentado, «en sus fundamentos jurídicos, los jueces del Supremo desmontan los argumentos de la Fiscalía y la defensa, que habían solicitado, en aplicación de la llamada doctrina Botín, que se absolviese a los tres condenados al no existir más acusación que la de la acción popular». Y, claro, Ramírez se apunta a la defensa de Botín y la cornada a los políticos vascos.

Pero la importancia de esta decisión no radica sólo en el castigo a los desobedientes, sino en la excepción que asienta que, en sus propias palabras «supone un verdadero torpedo a la línea de flotación de las tesis de los abogados (...) de Ibarretxe, imputado por reunirse con dirigentes de Batasuna, que alegan que sus clientes deberían ser absueltos al no haber más acusación que la acción popular». Cabe sumar también el «caso Egunkaria».

Y mirando al futuro, el editorialista asegura que «El fallo del supremo comporta otra importante consecuencia a corto plazo: que los magistrados que suscriben la sentencia dejan muy claro que las resoluciones judiciales tienen que ser ejecutadas porque `bastaría aferrarse al ejercicio de la autonomía parlamentaria' para crear `un mapa de impunidad' contrario al Estado de derecho». Y continúa alborozado: «La sentencia señala que, aunque no exista una desobediencia expresa en Atutxa, sí ha habido una serie de omisiones para impedir la disolución del grupo parlamentario, lo que el tribunal llama `camuflada retórica al servicio del incumplimiento'. Ello priva de cualquier excusa a la Mesa del Parlamento vasco o a los ayuntamientos para negarse a ejecutar las medidas que pueda dictar el Supremo contra el PCTV y ANV, que, como el fallo indica, deben ser cumplidas de forma rápida y diligente». Y es que de eso era de lo que se trataba, ¿verdad, Pedro J.?