Alcaldes y ediles de nueve municipios han calificado de «vergonzosa» la postura adoptada por la Fiscalía en relación a la encuesta sobre el TAV realizada en Aramaio en setiembre del año pasado. En relación con esta iniciativa por la que se dio la palabra a los vecinos del municipio para que opinaran acerca del proyecto, el alcalde, Asier Agirre, ha sido acusado de «prevaricación», «desobediencia» a la autoridad judicial y «malversación de caudales públicos».

Durante la comparecencia de Elorrio, el alcalde de este municipio, Niko Moreno y la edil de Arrasate, Izadi Mondragon, leyeron el comunicado suscrito por la red de municipios contraria al TAV, en el que los conceptos como «prevaricación» y «malversación de caudales públicos» se ligan «a políticos que por sus intereses, y en contra de los intereses de la población, malversan caudales públicos hacia sus bolsillos o los de sus amigos» o a personas elegidas «que toman su cargo pensando y actuando como si el ayuntamiento, la diputación o el órgano al que pertenecen fuese suyo», y se muestra una postura favorable «a perseguir y castigar ese tipo de prácticas tan extendidas en nuestra sociedad».

Los integrantes de la red de municipios que rechazan el proyecto sostienen que la Fiscalía, y sobre todo, el delegado del Gobierno español, Paulino Luesma, «muestra una verdadera obsesión por denunciar no a los políticos que cometen tales actos, sino a un alcalde de una población de 1.500 habitantes, cuyo único delito es el de haber dejado opinar al pueblo».

El comunicado recuerda que «en los pueblos de toda Euskal Herria en los que se han realizado consultas, encuestas o preguntas sobre el TAV, éstas han supuesto un gran esfuerzo y trabajo, dirigido a informar, escuchar opiniones favorables y en contra del proyecto, reflexionar y decidir al respecto» y añade que toda esta labor «la han llevado a cabo, en algunos casos los ayuntamientos, y en otros el movimiento popular, pero nunca las administraciones responsables de llevar a cabo esta macroinfraestructura».

«¿Quién prevarica y malversa?»

Preguntan estos representantes municipales a la Fiscalía y al delegado del Gobierno español quién prevarica y malversa caudales públicos. Y añaden más interrogantes: «¿Quién y con qué dinero se han pagado las mega-campañas publicitarias del TAV que, en lugar de informar, desinforman y engañan a la población?» «¿Quién y con qué dinero pagó en 2004-2005 los pro- yectos constructivos de Gipuzkoa de la `Y vasca'»?. También se refieren al dinero con que se van a financiar los gastos sociales del presupuesto anual que deberán detraerse para el TAV, y citan «los más de 6.000 millones de euros destinados a un proyecto despilfarrador en lo económico, insostenible en lo medioambiental e injusto en los social», para interrogar a renglón seguido si no es todo eso «prevaricación o malversación de caudales públicos».

Califican estos alcaldes y concejales la acusación contra el alcalde de Aramaio de «atropello» y expresan a las administraciones que continúan impulsando el proyecto «que nos parece vergonzosa su actitud, porque son ellas las que malversan caudales públicos en contra de los intereses de la ciudadanía, y porque el hecho de criminalizar y llevar ante los jueces las iniciativas para conocer la opinión de la ciudadanía deja patente que el respeto que la Fiscalía muestra hacia lo que pueda opinar o pensar los ciudadanos sobre un proyecto que les va a afectar gravemente es nulo».