Kepa PETRALANDA

Segundo mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno español, con Mariano Rajoy como ministro de Interior. La instrucción el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón determinó que las actividades de Gestoras pro-Amnistía, entre ellas las relacionadas con la asistencia a represaliados políticos, demuestran «la vinculación y dependencia política, organizativa, económica y funcional» de esta organización y sus responsables con ETA.

En base a la citada tesis elaborada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 del tribunal especial, al menos 200 agentes de la Policía española participaron en la operación desarrollada a partir de las 2.00 de la madrugada del 31 de octubre de 2001 contra 13 representantes del movimiento pro amnistía y en favor de los represaliados políticos vascos. El propio Garzón, junto con el fiscal Enrique Molina y quien fuera director general de la Policía española Juan Cotino, dirigieron in situ la operación bautizada con el nombre de «Udazken», personándose los dos primeros en la sede de Gestoras en la bilbaina calle Colón de Larreategi. Los detenidos fueron los hermanos Julen y Gaizka Larrinaga, Jagoba Terrones, Jon Beaskoa, Maite Díez de Heredia, Iker Zubia, Josu Beaumont, Alex Belasko, Julen Zelarain, Aratz Estonba, Ainhoa Irastorza y Gorka Zulaika, junto al portavoz de Senideak-Gureak -asociación que agrupaba a familiares de represaliados-, Juan Antonio Madariaga.

Rajoy anunció el bloqueo de 22 cuentas

Las detenciones estuvieron acompañadas de registros en domicilios, en las sedes de Gestoras pro-Amnistía en Hernani, Bilbo, Iruñea y Gasteiz y en una lonja de este organismo, además del bloqueo de «22 cuentas corrientes de Gestoras», tal y como anunció Mariano Rajoy en Madrid. Los autos de detención, entrada y registro dictados la víspera por el juez instructor se basaban en un presunto delito de «integración en banda terrorista», que imputaba, en el marco de las diligencias previas 300/2000, a Gestoras pro-Amnistía y a los responsables de lo que considera su estructura delictiva.

Dos semanas después, por un auto fechado el 15 de noviembre, el juez Baltasar Garzón imputó en la misma causa a los abogados Txema Matanzas, Ainhoa Baglietto y Julen Arzuaga, y a varios ex presos como Mitxel Sarasketa, Txema Olabarrieta, Gari Arriaga e Iñaki Reta, así como a Jorge Arredondo, Gotzon Amaro, Jorge Txokarro, Fernando Lejarza, Mikel Korta, Aitor Jugo y Maitane Méndez.

Ilicitud de actividades

El 5 de febrero de 2002 Garzón dictó otra resolución judicial por la que declaró ilegal la actividad de Askatasuna, en la medida en que «continúa» con la labor emprendida por Gestoras pro-Amnistía y por suponer esa identificación entre ambas «una sucesión de organizaciones», aunque transcurrió un año hasta que ordenara una nueva operación policial contra el movimiento de apoyo a los presos vascos.

Ocurrió en la madrugada del 5 de febrero de 2003, cuando efectivos de la Policía española arrestaron a Iñaki Reta -se encontraba en libertad bajo fianza-, a los miembros de la asociación de familiares de presos Etxerat Ixone Urzelai e Iñaki Loizaga, además de a Asier Virumbrales y Xabin Juaristi, procediendo además a registrar las sedes de Etxerat en Bilbo, Gasteiz y Hernani. Quien entonces era ministro español de Interior, Ángel Acebes, dijo que se había «descabezado la dirección de Askatasuna» y añadió que este organismo se había «reorganizado», pese a que nunca dejó de realizar actividad pública en Euskal Herria.

Calificación fiscal: 10 años de prisión

Un día después, el 6 de febrero, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dictó resolución ordenando la acumulación de todas las diligencias previas a este sumario 33/01.

El 17 de junio de 2005 el fiscal Enrique Molina solicitó en su calificación definitiva un total de 10 años de prisión para cada uno de los 27 imputados en este sumario 33/01, bajo la acusación de «integración» en la organización ETA.

Baltasar Garzón envió de nuevo a prisión a Juan Mari Olano, el 11 de setiembre de 2007, tras ser detenido en el contexto de la convocatoria de una manifestación en Donostia contra la que cargó la Ertzaintza.

El representante del movimiento pro amnistía fue acusado de un delito de «integración en banda armada», junto a otro de «inducción al terrorismo callejero» por su participación en la citada manifestación. La resolución del juez de enviarle a la cárcel de Soto del Real se produjo una vez de que la Fiscalía solicitara prisión incondicional para Juan Mari Olano.

La defensa planteó sin éxito que en la causa contra Gestoras pro-Amnistía Olano está acusado por el mismo delito del que se le acusaba nuevamente, y recordó al juez que el Juzgado número 4 de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa se había declarado competente en la causa abierta por los incidentes de Donostia.

Quince días más tarde, el movimiento pro amnistía valoró que el procedimiento seguido contra Olano «raya el delito». La abogada Arantza Zulueta denunció aquel 28 de setiembre de 2007 que «había expirado el plazo de la suspensión de actividades, por lo que no cabe hablar de ilicitud» de la actividad de Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna «si nos atenemos a la legalidad».

El año del juicio

El juez Garzón solicitó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el pago de una fianza de 4.000 euros como depósito y condición para permitir que se presentara como acusación particular en la causa.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional publicó el 25 de enero de 2008 una resolución en la que se informaba del inicio del juicio contra los 27 encausados para la jornada de ayer. La presidencia del tribunal recayó sobre Teresa Palacios, toda vez que el mismo se completaría con los magistrados Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel.

Se prevén 49 sesiones de mañana y tarde los lunes, martes y miércoles en la Casa de Campo de Madrid, toda vez que se prevé la finalización del juicio para el próximo día 23 de julio. Inicialmente estaba previsto el paso por la sala de vistas de más de 250 testigos, entre ellos, políticos, sindicalistas, abogados y ciudadanos referenciales de los ámbitos cultural, social y deportivo de Euskal Herria.