22 años después de la aprobación de la polémica Ley del Vascuence que dividió a Nafarroa en tres zonas, hoy podría aprobarse un retoque que haría que cinco localidades de Iruñerria (Aranguren, Beriain, Galar, Noain y Elortzibar) pasen de la «zona no vascófona» a la «mixta», con el objetivo básico de garantizar allí la educación en euskara. Parece haber consenso general para ello, ya que en ocasio- nes anteriores el PSN ha dado el visto bueno a la idea, e incluso UPN podría aceptarlo.

El debate, en cualquier caso, no responderá a la demanda social de que se elimine la zonificación y se garantice la oficialidad en todo el territorio, como demandaron hace seis años cerca de 48.000 navarros a través de su firma. A raíz de aquello, el Gobierno de UPN impulsó más restricciones del marco legal.

La actual relación de fuerzas en el Parlamento navarro, más aún tras la exclusión de la izquierda abertzale, hace inviable un cambio de fondo. En este contexto, Nafarroa Bai anticipó ayer que en el debate presentará dos enmiendas: una primera en la que reclamará que se garantice la oficialidad tanto del euskara como del castellano en ámbitos como la educación, las re- laciones con la Administración o los medios de comunicación; y otra segunda, a la que otorgan un carácter «subsidiario», que plantea que la «zona mixta» no se amplíe a cinco pueblos, sino a un total de 31.

Son, en concreto, Aibar, Aranguren, Astrain, Beriain, Bidarrueta, Biurrun-Olkotz, Caseda, Zirauki, Elo, Eneritz, Galar, Ibargoiti, Legarda, Lorca, Irunberri, Mañeru, Muruzabal, Elortzibar, Noain, Obanos, Erriberri, Puiu, Zangoza, Tafalla, Tiebas, Artederreta, Tirapu, Ukar, Uterga, Orbaibar y Villatuerta.

«Excesivamente corto»

En rueda de prensa, los parlamentarios de la coalición Patxi Zabaleta, Maiorga Ramírez, María Luisa Mangado y José Angel Agirrebengoa plantearon que el cambio propuesto por IUN resulta «excesivamente limitado, corto» y «no responde de ninguna manera a la demanda del pueblo de Navarra».

NaBai afirma que aspira a la cooficialidad, pero que es consciente de que las opciones para ello «son limitadas».

Maiorga Ramírez argumentó que la Constitución española es «restrictiva» porque «no equipara todas las lenguas del Estado», pero añadió además que el Amejoramiento «supuso un retroceso con respecto al texto constitucional» y que «inventa las zonas lingüísticas en detrimento de los derechos personales», y concluyó que la Ley del Vascuence de 1986 supuso «un retroceso más».