El Consistorio bilbaino baraja trasladar las instalaciones que posee en Elorrieta -donde acoge su parque móvil, camiones de basura y autobuses- a Santo Domingo, creando una «ciudad de servicios».

El «Black Watch» atracó en el muelle de cruceros de la Autoridad Portuaria pasadas las 7.30, procedente de La Rochelle. Cuatro horas más tarde inició maniobras de atraque al otro lado del muelle, tras pasar junto al morro de Harriluze, el «Nordnorge», que arribó desde Lisboa con notable retraso sobre el horario previsto.

La Diputación de Gipuzkoa y la Autoridad Portuaria de Pasaia han alcanzado un acuerdo «para adelantar las obras del puerto exterior». Prevén iniciar las obras del túnel de Jaizkibel en 2010 para, una vez que estén finalizadas en 2013, dar comienzo a las del superpuerto.

El Parlamento navarro vota hoy en comisión una propuesta para que la «zona mixta» sea ampliada a cinco localidades, para la que parece haber consenso. NaBai valoró ayer que es insuficiente, y pide que integren 31.

El alcalde de Bastida, Higinio Arinas, tuvo que hacer frente ayer, en las Juntas Generales de Araba, al tándem que formaron su antecesor en la alcaldía, Iñaki Gil, y su compañera en el PP, Marta Alaña, que no resultó, en su papel de presidenta de la comisión, una buena anfitriona.

Los arrestados en Oarsoaldea han denunciado malos tratos por parte de la Policía española durante los cinco días de incomunicación. Concretamente, informó Askatasuna, han explicado que fueron golpeados, les obligaron a permanecer desnudos y les amenazaron. Cuatro de ellos, Alex Etxeberria, Haizea Iriarte, Beñat Burlada y Gorka Etxeberria, abandonaron ayer la cárcel tras abonar las fianzas impuestas.

Hotsandiko ekitaldi batean eratu zuten atzo Donostiako Gizarte Kontseilua. «Hiritarren partaidetzarako organo nagusi gisa» aurkeztu zuen Udalak. Udal talde independentistak, berriz, «milaka hiritar ordezkaritzarik gabe» uzten dituela salatu zuen.

Los veintisiete vascos que desde el lunes se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional consideran que el tribunal especial no es quién para juzgarlos, y, menos aún, cuando, a su juicio, existe de antemano una sentencia condenatoria. Un fallo que entienden se sustenta en una «decisión política» ya tomada. Para predicar con el ejemplo, los encausados han decidido dar pasos concretos de ese modo para construir «un muro» contra la represión.

«Caducado, acabado, no garantiza la gobernabilidad». De esa forma tan contundente se refirió ayer el diputado general de Bizkaia, el jelkide José Luis Bilbao, sobre el tripartito que gobierna en Lakua. Por contra, se mostró partidario de un «gran acuerdo» entre su partido y el PSE.