Los imputados en el sumario contra el movimiento pro amnistía comparecieron ayer en Donostia para exponer sus razones por los que han decidido rehusar a la defensa jurídica ante un tribunal que, a su entender, actúa bajo impulsos políticos y que cuenta ya con un fallo «político» decidido de antemano. También han querido salir al paso de las declaraciones «interesadas y peregrinas» que al respecto han realizado los partidos políticos, mientras guardaban silencio tanto sobre el juicio como sobre el hecho de que mientras se encontraban en la Casa del Campo varios jóvenes vascos eran maltratados y vejados en dependencias policiales.

Josu Beaumont y Julen Larrinaga, acompañados por otros dieciséis encausados en el sumario contra el movimiento pro amnistía que instruyó el juez Garzón y que desde el pasado lunes se lleva a cabo en la Casa del Campo de la Audiencia Nacional española, arrancaron la comparecencia valorando de forma crítica las lecturas «interesadas» que, a su entender, se han realizado desde diversas instancias sobre su determinación de no otorgar legitimidad al tribunal especial del Estado español, rechazando hacerle frente con la defensa jurídica.

«Un brazo más de la represión»

Larrinaga adujo que la decisión de no encarar el juicio de forma jurídica fue «muy meditada y con una determinación total». Básicamente, por dos razones que, más que conclusiones, se traducen en «constataciones».

Por un lado, porque, según explicó el militante vizcaino, detrás del proceso sumarial se esconde la existencia de una «decisión política de condenar» tomada incluso antes de arrancar el juicio. Y para sustentar ese razonamiento se atuvo a la experiencia que ha recabado el movimiento pro amnistía en los últimos tres decenios al respecto del proceder represivo de la Audiencia Nacional.

Un tribunal especial que desde Euskal Herria se entiende desde la convicción de que «es un brazo más de la apuesta represiva del Estado español»; un tentáculo más de los aparatos estatales que persiguen el mismo fin represor bajo los «impulsos políticos» que dicta la estrategia de cada coyuntura y que, en este caso, a su juicio, pretende criminalizar y castigar la denuncia de la propia represión.

Entienden, por consiguiente, que la Audiencia Nacional, además de ser un aparato que continuamente condiciona la vida política de Euskal Herria, no cuenta con legitimidad alguna para juzgar a sus ciudadanos; Larrinaga trajo a colación que «esta constatación» no es por su mera percepción, sino que es un sentir extendido en el país. Recordó que incluso hay resoluciones como las tomadas por el Gobierno de Gasteiz exigiendo su disolución. Y, sin ir más lejos, por las consecuencias de procesos anteriores como el de «Jarrai-Haika-Segi» o el 18/98.

Conclusiones como que la AN «es parte interesada de la negación de los derechos de Euskal Herria y de la represión», y, por extensión, actor del mismo guión también en esta causa.

Como segunda constatación, Larrinaga aseguró que parten del convencimiento de que «los derechos básicos, como el de reunión, asociación o movilización, no se pueden fiscalizar por un tribunal especial». Pero, entienden que «esta batalla» ya está ganada en Euskal Herria; máxime, teniendo como antece- dentes los ya señalados macrosumarios contra las organizaciones juveniles o el 18/98.

Predicando con el ejemplo

Por ello, Larrinaga abogó por «dar un paso más» y situar el debate no ya en la «ilegalidad» o no de organismos como Askatasuna o las extintas Gestoras Pro Amnistía, sino que la discusión se centre en «la ilegalidad de la represión».

Y, también, como un paso práctico. Ya que, a su entender, cuando se realizan llamamientos a construir «un muro» contra la represión y la aplicación de medidas excepcionales en Euskal Herria, se deben de dar «pasos concretos». Es por lo que, por responsabilidad y por convicción han decidido también proceder de esa forma, con un posicionamiento que a todas luces cuenta con una «carga política» que, a pesar de que desde diferentes estamentos han intentado restar u ocultar, es más que evidente.

Larrinaga también denunció que la teoría de Baltasar Garzón de que «todo es ETA» y que, a su entender también se aplica en este proceso, lleva a un absurdo. Como botón de muestra señaló cómo desde Madrid, y básicamente desde los medios comunicativos, se llegó a tildar al ex relator de la ONU contra las torturas Theo Van Voben de «amigo de ETA» por incluir al Estado español en la lista de paises en los que se practican tales vejaciones. «Porque es holandés, ya que si llega a ser de Oiartzun, por ejemplo, estaría hoy sentado aquí con nosotros», ironizó.

¿Que no se juzgan las ideas?

Se reafirmaron en que a pesar de que hayan renunciado a la defensa jurídica, expondrán mediante varios testigos cuál es el proceder represivo del Estado español, mediante testimonios directos que lo han padecido. Asimismo, insistieron en que tanto en Madrid como en Euskal Herria no dejarán de realizar «la denuncia política».

Si Larrinaga denunció las lecturas «interesadas» que, a su parecer, han realizado los partidos políticos, remarcó que el primero de ellos lo llevó a cabo la propia Teresa de Palacios al dirigirse a los encausados y tener que justificar que en la Audiencia Nacional «no se juzgan las ideologías». «Excusatio non petita, accusatio manifesta», concluyó al respecto el militante vizcaino.