Askatasuna hizo saber ayer que los jóvenes arrestados el pasado viernes en Oarsoaldea han denunciado haber sufrido malos tratos a manos de la Policía española durante los cinco días en los que se les aplicó el régimen de incomunicación. El organismo antirrepresivo comunicó que los policías les propinaron a los jóvenes infinidad de golpes en la cabeza, les obligaron a permanecer desnudos y les amenazaron con detener a sus familiares. En algunas ocasiones, les mostraron incluso las órdenes de detención.

En el caso de Haizea Iriarte y Xabier Lujanbio, pareja en la actualidad, los agentes los llevaron a dos habitaciones contiguas, de modo que Lujanbio podía ver a Iriarte a través de un cristal. Según denunciaron, los policías interrogaban a Lujanbio, y si no obtenían la respuesta deseada, desnudaban poco a poco a la joven.

«Hemos recibido otra vez testimonios de malos tratos y agresiones sexuales vividas durante el periodo de incomunicación», criticó Askatasuna. Esta organización considera que la Policía española tiene «impunidad absoluta» para detener, incomunicar, torturar, encarcelar y dispersar a los jóvenes y tiene claro que el PSOE ha comenzado la legislatura «reafirmándose en su apuesta por la violencia, apoyando la incomunicación, la tortura y la dispersión».

«Silencio cómplice»

Subrayó que es la situación de incomunicación la que posibilita la tortura y que mantener este régimen hace que puedan ser torturados ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria, al tiempo que denunció que ante esta realidad la clase política vasca muestra «un silencio cómplice» y abre el camino para que se repitan los malos tratos.

El juez Fernando Grande-Marlaska dictó el martes por la noche prisión incondicional para cinco arrestados el pasado domingo en Oarsoaldea. Se trata de Aitor Aierdi, Aitor Franco, Josu Arruabarrena, Xabier Lujanbio y Harkaitz Antza, a quienes acusa de un delito de «integración en banda armada por su presunta responsabilidad en acciones de kale borroka».

Para otros cuatro jóvenes, decretó prisión eludible bajo fianza. Alex Etxeberria, Haizea Iriarte, Beñat Burlada y Gorka Etxe- berria fueron llevados a la prisión madrileña de Soto del Real hasta que hicieran frente a los avales. El abono del dinero (6.000 euros en el caso del primero y 3.000 en el de los demás) fue realizado por los familiares ayer por la mañana, por lo que los cuatro jóvenes salieron de la cárcel por la tarde.

A las 21.00, vecinos de Errenteria informaron a este diario de que venían camino a casa y que les esperaban en el párking del centro comercial Niessen para darles la bienvenida. A las 20.00 se manifestaron en esa localidad 700 personas en apoyo de los jóvenes.

El décimo de los arrestados el viernes, el oiartzuarra Ion Otxoa, por su parte, quedó el martes en libertad sin fianza.

A estos diez jóvenes les levantaron el martes por la noche la incomunicación, después de pasar ante el juez. Gaizka Ibeas e Iker Iraola, en cambio, permanecían ayer incomunicados. Estos últimos fueron apresados el martes cuando la Policía española irrumpió de nuevo en Oarsoaldea. Askatasuna precisó que el operativo perseguía el arresto de un total de once personas, pero nueve de ellas no se encontraban en sus viviendas cuando llegaron las fuerzas policiales. La organización que trabaja en contra de la represión señaló que en esa última operación inspeccionaron otras cuatro casas en Errenteria; en Oiartzun otras tantas y una más en Lezo, en las inmediaciones de Gaintxurizketa.

Askatasuna informó ayer de que probablemente estos dos jóvenes oreretarras de 27 y 26 años pasarán hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien el martes anunció que no hará público el auto hasta interrogarles.

Esta macrorredada que comenzó el pasado viernes se ha saldado con un total de diecisiete personas detenidas. Además de estos doce jóvenes, fueron arrestados otros cinco. El viernes la Policía española detuvo a tres compañeros de Iosu Arruabarrena en el registro de su piso en Arrasate. Fueron acusados de protestar por la irrupción.

El sábado, la Ertzaintza impidió a decenas de vecinos de Errenteria que llevasen a cabo una rueda de prensa para mostrar su repulsa a la redada. En el instante en que se iba dar comienzo a la comparecencia varios ertzainas pertrechados con material antidisturbios procedieron a identificar a tres personas que colocaban un cartel en los aledaños. Ante las protestas de los vecinos congregados, la Policía cargó sin titubear. Un agente de paisano realizó incluso dos disparos de fuego real al aire con su pistola.

Lakua se apresuró a presentar el hecho como «una emboscada» desencadenada por un cartel «de Segi». Sin embargo, la versión no concordaba con los testimonios, ni con las imágenes. Ciudadanos denunciaron que la Ertzaintza cargó de forma «brutal» ocasionando varias decenas de heridos, entre ellos José Luis Gurrutxaga, de 63 años, que fue arrestado «después de recibir una soberana paliza».

Con este operativo, son ya siete las redadas efectuadas por los distintos cuerpos policiales contra jóvenes independentistas en los últimos meses. La última, sin contar la del viernes pasado, tuvo lugar el 19 de febrero en la capital alavesa. Efectivos de la Brigada Provincial de Información de la Policía española detuvieron a seis jóvenes en un operativo que fue ordenado por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz. Además, fueron en busca de otros dos jóvenes que no se encontraban en sus domicilios y registraron doce viviendas y tres bares en diversos barrios de la ciudad.

Pocas semanas antes, el 23 de enero, la Policía española detuvo a ocho jóvenes de entre 18 y 25 años en la comarca vizcaina de Lea Artibai por orden del magistrado Fernando Grande-Marlaska. Aunque no precisaron ninguna imputación concreta contra ninguno de aquellos detenidos, tanto el Gobierno español como los medios de comunicación les vincularon con actos de kale borroka.

A esas dos redadas les precedieron otras cuatro en Donostia y Burlata, a finales de octubre y en noviembre de 2007, y en Uribe-Kosta y en Araba, en octubre y en julio, respectivamente.