El debate que surge en torno a la condena de la violencia suele derivar en preguntas del tipo de ¿acaso condena el PP el franquismo? Más allá de la implicación de los socialistas en la guerra sucia ¿no apoya el PSOE a los condenados por el GAL? ¿Por qué no asume el PNV el dolor generado por la Policía bajo su mando? Está claro que nadie condena su propia violencia, por principio. Algunos, como mucho, niegan que la coerción que ellos ejercen sobre otros pueda ser denominada violencia. Otros se desmarcan cuando esa violencia tiene consecuencias que consideran negativas o injustificadas. A bastantes de esos les gustaría tener una especie de mando a distancia para que otros ejerzan la violencia en la cantidad y la dirección por ellos deseada. La mayoría de estos no asume la responsabilidad de haber delegado en otros la potestad de ejercer la violencia cuando ésta adquiere tintes trágicos. Las razones de estas posturas son sencillas. Todo el mundo piensa que su violencia es legitima y, por ende, que la de su contrario no lo es.

El debate cíclico sobre la violencia política comienza siempre como un reto del estado a la disidencia y termina habitualmente con un cuestionamiento general de la legitimidad del propio estado. En Arrasate y en todo el mundo. No en vano, cualquier violencia de oposición siempre será mínima en relación al poder de coacción del estado. O si no deberá ser tan indiscriminada que pierda parte de su legitimidad. Y a su vez evidenciará a ojos de todos su naturaleza diferente respecto a otras violencias.

Uno de los errores del proceso de negociación pasado fue precisamente que la parte del Estado no aceptó que la casuística del sufrimiento no se limita a sus víctimas, y que gran parte del conflicto reside en su violencia estructural. Y es que en apenas una década hemos pasado del discurso de «sin violencia todo es posible» al de «nada es posible incluso sin violencia». Un discurso que promovió el PP, que es sostenido por el PSOE y que el PNV asume sin complejo alguno.