Ya están cerca el 28 de abril (Día Internacional de la Seguridad y la Salud Laboral) y el 1 de Mayo. Una vez más oiremos de boca de quienes se encargan de mantener un régimen basado en la injusticia y la explotación palabras que pretenden endulzar las consecuencias de la globalización neoliberal.

Pero la realidad deja a cada cual en su sitio y no puede ser endulzada ni por el más hábil orador: el año pasado 20 trabajadores murieron en Nafarroa (125 en toda Euskal Herria); durante lo que llevamos de año 5 más han muerto en Nafarroa (28 en el conjunto de Euskal Herria); los accidentes de trabajo se cuentan por miles...

Hoy sigue siendo dramáticamente cierto que algunos trabajos matan y que otros no dejan vivir (en condiciones que deterioran la salud poco a poco...). Así pues, es imprescindible romper con esta situación determinada por la avaricia de la patronal y el desentendimiento de unas instituciones aliadas de aquélla. La salud en el trabajo es un derecho que no puede ser transformado en fuente de negocio privado por mutuas patronales y servicios de prevención más preocupados en que nos reincorporemos al trabajo que en nuestra curación.

Todo esto se produce en medio de una ofensiva impulsada por gobiernos y capital para limitar, aún más, los derechos de los y las trabajadoras: reforma laboral en el Estado español que refuerza la precariedad abaratando el despido, mantiene intacto el sistema de contratas y subcontratas, reduce cotizaciones en beneficio de la patronal...; reforma de las pensiones que incrementa el periodo mínimo de cotización, penaliza la jubilación anticipada, empuja a prolongar la vida laboral...; impulso a la flexibilidad con la desaparición de los calendarios y la consecuente desrregularización de la jornada anual...

Las consecuencias en Nafarroa son claras: deslocalizaciones -con el silencio cómplice de las instituciones-; y pérdida de puestos de trabajo -sólo el sector del metal ha perdido durante los últimos seis años más de 3.000 y VW-Navarra, presentada como ejemplar desde esas instituciones, tiene 1.722 puestos menos-. Y esto sucede en un contexto sociopolítico determinado: UPN, PSN, la Confederación de Empresarios Navarros, UGT y CCOO han decidido bloquear cualquier posibilidad de cambio social, político o económico. En lo socioeconómico esto se ha plasmado en el Acuerdo Social firmado por UGT/CCOO y la CEN, que pretende legitimar la política de UPN con una farsa de participación social que parte del apartheid contra el 40% de la representación sindical navarra.

Esta actitud afecta no sólo a los derechos sociolaborales, sino que golpea de lleno el de los derechos políticos y el de las libertades democráticas. En Nafarroa, como en el resto de Euskal Herria, se sigue negando a la ciudadanía -formada mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras- el derecho a decidir y no se duda a la hora de reprimir a quien ose trabajar por un cambio real.

Pero un cambio que responda a las necesidades y los deseos de la mayoría social trabajadora vasca es imprescindible si queremos construir un futuro más justo y en democracia para Euskal Herria. Un cambio que posibilite un marco democrático desde donde superar el conflicto y consolidar una nueva situación, con el reconocimiento de la nación vasca, el respeto a sus derechos y al derecho a decidir de su ciudadanía, así como la legitimidad y viabilidad de todos los proyectos políticos, incluida la independencia.

Frente a la imposición y la negación de derechos de Euskal Herria, marco democrático. Frente al neoliberalismo, modelo alternativo de izquierda.