El juez Baltasar Garzón ha citado a declarar para el próximo día 19 de mayo al ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, al actual líder jelkide, Iñigo Urkullu, y al presidente del GBB, Joseba Egibar. Los tres acudirán a la Audiencia Nacional española para testificar «en descargo» del miembro del EBB Gorka Agirre, imputado por «colaboración con organización terrorista» en el sumario abierto por el juez sobre el «aparato de extorsión de ETA». Concretamente, se le acusa de actuar como intermediario entre los empresarios y la organización armada.

La citación, según informaron ayer fuentes fiscales, se produce a petición de la defensa de Agirre -en libertad bajo fianza de 12.000 euros-, que ha pedido una revisión de la situación de su defendido en esta causa. El propio imputado será el primero en comparecer ante el juez, el 16 de mayo. Además, acudirán al Juzgado Central de Instrución número 5 otros testigos.

El día 20 declarará ante el magistrado Joseba Elosua, dueño del Bar Faisán, local donde, según Garzón, se producían los pagos a ETA. Elosua está imputado en la causa junto a otra veintena de personas.

Desde 1998

La postura de la Fiscalía ante estas citaciones es, en un principio, de prudencia, según las mismas fuentes. El Ministerio Público mantiene que en caso de existir indicios que apoyen la imputación de Agirre el fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, promoverá el procesamiento. No obstante el posicionamiento definitivo no se pro- ducirá hasta que tengan lugar las declaraciones.

Tras los testimonios, se baraja la posibilidad de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 del tribunal especial solicite a la Fiscalía un informe sobre la situación del burukide. En la causa se encuentran también personadas como acusación popular la AVT y la asociación Dignidad y Justicia.

Garzón abrió en 1998 una causa genérica referida al supuesto «aparato de extorsión» de ETA. El sumario original ha quedado posteriormente divido en tres instrucciones diferenciadas, a cargo todas ellas del mismo magistrado. La primera de ellas, la que afecta a Agirre, se centra en el envío de cartas por parte de ETA a empresarios vascos y a los pagos que habrían efectuado éstos en el Bar Faisán. La investigación de cuentas bancarias en paraísos fiscales europeos y el conocido como «el caso del chivatazo» constituyen los dos sumarios restantes.