La Audiencia Nacional española ha abierto diligencias para investigar el secuestro del «Playa de Bakio», por lo que tanto los integrantes de la tripulación del atunero vasco como su armador tendrán que prestar declaración ante el tribunal especial en los próximos días y en calidad de testigos.

Según se dio a conocer ayer, Fernando Andreu -titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, que estaba de guardia la semana pasada- abrió diligencias el sábado para investigar un supuesto delito de «pi- ratería», que es competencia específica de la Audiencia Nacional. De momento, Andreu no ha fijado una fecha para tomar declaración a los tripulantes y dejará pasar unos días antes de citarles en Madrid.

Fuentes jurídicas citadas por diversas agencias de información españolas indicaron ayer que, dentro de las diligencias se investigará también el pago de un supuesto rescate con el que se podría haber logrado la liberación de los tripulantes. También valoraron la dificultad de dar con los autores del secuestro, por lo que la intención del juez sería «preparar un marco jurídico en previsión de que se produzcan detenciones».

El hipotético pago del rescate fue precisamente ayer motivo de polémica política. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa en la que anunciaba el sábado la liberación de los tripulantes de la embarcación, había eludido informar sobre si se ha pagado alguna cantidad para ello. De la Vega se limitaba a explicar que la liberación del pesquero fue fruto «de la acción coordinada y conjunta del Gobierno con el armador del barco, y de una intensa labor diplomática» y añadía, dirigiéndose a la prensa, que «tienen que entender que no sea más explicita, es cuanto puedo y debo decir». Una declaración, por tanto, que implícitamente reconocía ese pago.

Confirmación del pago

El propio Andrew Mwangura, responsable del programa de asistencia a los marinos con sede en la ciudad portuaria de Momnasa -que sigue de cerca los numerosos actos de piratería que se producen en las costas de Somalia-, hizo público un comunicado en el que aseguraba que «El atunero `Playa de Bakio' fue puesto en libertad tras el pago de un rescate de 1,2 millones de dólares para la liberación del barco y de sus 26 tripulantes».

El Partido Popular se ha apresurado a presentar una petición de comparecencia en el Congreso español de responsables de Exteriores para saber si ha existido o no pago de rescate. El portavoz de Exteriores de este partido, Gustavo de Arístegui, manifestó que comprende que «familiares y amigos quieran pagar para resolver esto cuanto antes», pero insistió en la necesidad de saber «si ha habido pago» y «quién lo ha hecho», ya que su grupo se opone a «financiar la criminalidad».

Sobre esta cuestión se pronunció ayer el secretario general del PSE, Patxi López, quien afirmó que «no hay que mezclar los secuestros cometidos en un Estado de Derecho como es España con los perpetrados en países sin gobierno, como es el caso de Somalia».

Añadió que «hay que quedarse con la buena noticia de la liberación y a partir de ahí surgirán especulaciones sobre el pago, que posiblemente se haya efectuado, tal y como hacen otros países en circunstancias similares».

Rumbo a casa

Entretanto, el «Playa de Bakio», escoltado por la fragata española Méndez Núñez, navegaba ayer hacia las islas Seychelles. Se espera que llegue hoy, entre las 08.00 y las 09.00 hora local, al puerto de Victoria, tras haber recorrido 1.600 kilómetros desde el punto de la costa oriental africana en el que se encontraban.

Aunque desde Madrid no se ha confirmado aún como regresaran a la Península, todo parece indicar que se fletará un avión con destino al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz.