La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha hecho suya la petición de la Fiscalía española y de la defensa de los cuatro guardias civiles imputados por torturas al delegado del consejo de «Euskaldunon Egunkaria» Iñaki Uria, al dictaminar que el caso es competencia de los juzgados de Madrid. Por consiguiente, ha ordenado al Juzgado de Donostia -que decidió imputar a los cuatro guardias civiles y decretó la apertura del juicio oral- que se inhiba, de nuevo, en favor de los tribunales de la capital española, aduciendo que las torturas a Uria, en caso de haberse producido, se realizaron en el cuartel de Madrid.

En un auto judicial con fecha del 31 de marzo, el Pleno de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contradice de esta forma a la magistrada del Juzgado de Donostia Nekane Rodriguez, que ordenó la apertura del juicio oral en el caso de torturas a Iñaki Uria, a la vez que imputó por ese delito a cuatro guardias civiles que participaron tanto en su arresto como en los interrogatorios; en concreto, dos de los militares participaron en la detención de Uria en la madrugada del 20 de febrero de 2003, y los otros dos ejercieron como instructor y secretario durante los interrogatorios que le realizaron los militares en las dependencias de Madrid.

En una decisión en la que no cabe ya posibilidad de recurso alguno, finalmente será alguno de los juzgados de instrucción de Madrid el que decida sobre el caso de torturas a Uria, que se remonta ya a hace cinco años, es decir, al operativo que ordenó la Audiencia Nacional española y clausuró el diario euskaldun.

Cuatro militares imputados

Cabe recordar que Iñaki Uria interpuso la denuncia de torturas en 2003 en el Juzgado de Donostia, pero éste se inhibió ante Madrid entendiendo que no era competencia suya. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid revocó esa decisión el 4 de noviembre del mismo año, remitiendo de nuevo las actuaciones a Donostia.

A partir de julio de 2005, día en el que Uria ratificó su denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Donostia, el procedimiento siguió su curso hasta el punto en el que la magistrada Nekane Rodríguez imputó a los cuatro guardias civiles y ordenó la apertura del juicio oral por torturas. En febrero de 2007, además, la jueza rechazó los recursos de reforma de la Fiscalía y de la defensa.

Ahora, ha sido el Pleno de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa el que, esgrimiendo la declaración realizada por el propio Uria, entiende que el supuesto delito se llevó a cabo en Madrid y que, por consiguiente, es competencia de sus juzgados el continuar con el proceso judicial.

Aunque el propio zarauztarra ya haya advertido de que «en Madrid será más difícil que se lleve a cabo», el tribunal de Gipuzkoa también recoge que el «cambio territorial» no deja en suspenso las decisiones procesales tomadas hasta la fecha. Por lo tanto, el juzgado de Madrid en el que recaiga el caso de torturas debería de dar por buena la apertura del juicio oral.