A los que fuimos educados en la dictadura se nos vedó en el aula el conocimiento, la explicación, los textos y los comentarios del siglo XX, que era el siglo en el que vivíamos. Luego me di cuenta de que en la dictadura sobre todo reina el silencio, un gran silencio impuesto del presente.

¿Quién más capacitado para escribir sobre grandes polvos en la historia que el médico bilbaino y profesor de pediatría José Ignacio de Arana? Escribe con la autoridad que da nacer a un paso de la calle Las Cortes. Hasta en Lerín (Nafarroa) vi alquilar a los mozos coche el fin de semana para echar un polvo en la famosa calle del Botxo.

Nos recuerda el especialista Ignacio de Arana que los Borbones son puteros de cuna, empezando ya con su madre y abuela: Isabel II. Alfonso XIII fue tan mujeriego como su padre, Alfonso XII. Dice él que los alfonsos «brujuleaban». A la muerte de María de las Mercedes eran muchos los madrileños que a la estrofa «¿dónde vas, Alfonso XII, dónde vas, triste de ti?», respondían: «a Riofrío, a donde su amante Elena Sanz». No en vano Isabel, la reina madre, llamaba a Elena «mi nuera ante Dios». Y yo me pregunto por qué a 33 años de la muerte del dictador, Franco, Ignacio Arana termina el relato de «Los grandes polvos de la historia» en Alfonso XIII si son tan puteros los Borbones como afirma. ¿Será porque para determinados comentarios el siglo XXI sigue terminando en el XX?

En una bella reflexión nos recordaba Pascual Serrano en «Rebelión» con verbo claro que «el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió el martes, 29 de abril de 2008, desestimar el recurso de apelación presentado por los dos caricaturistas de la revista «El jueves» condenados por injurias a la corona por una viñeta publicada el pasado mes de julio en la que salían los príncipes de Asturias. Los humoristas fueron condenados el 13 de noviembre del año pasado por el Juzgado Central de la Sala de lo Penal a 3.000 euros de multa. De esta forma se confirma la sentencia contra la cual no procede recurso. Anteriormente, el 20 de noviembre del pasado año, el juez central de lo penal de la Audiencia Nacional condenó también al pago de 2.730 euros a dos jóvenes acusados de quemar una foto del rey español y de su mujer durante una visita del monarca a Girona el 13 de septiembre, para que aprendan `que no pueden atacar a las instituciones básicas del Estado'. Es oportuno aclarar que si las imágenes de los humoristas condenados no hubieran sido las de los príncipes, sino otros ciudadanos y las fotos quemadas no tuvieran la esfinge de Juan Carlos I, pero en cambio sí la de otra persona cualquiera, no se hubiera iniciado ningún proceso por el fiscal general del Estado, ni habría actuado la Audiencia Nacional, ni estaríamos ante esas sentencias. También el pasado lunes ingresaba en prisión un joven que descolgó la bandera española del Ayuntamiento de la localidad de Terrassa. El joven catalán está condenado por ultrajes a España tras arriar la enseña monárquica que se encontraba en el balcón de la casa consistorial, tras un proceso judicial que se ha extendido durante cerca de cuatro años. El Tribunal Supremo decidió hace unos días inadmitir -sin pronunciarse- a trámite el recurso de la defensa, ratificando así la condena impuesta a dos años y siete meses de cárcel».

Es el silencio impuesto, la omertà fáctica estatal. Contra un juez con matasellos del PP, un tal Enrique López de la Audiencia Nacional -el TOP de Franco, algo que tienen a gala-, portavoz del poder judicial por dedo aznaril, seis «vocales progresistas» del Consejo General del Poder Judicial -algo así como hierro de madera- han reclamado «la reprobación» y la destitución por haber lanzado la «extravagante» propuesta sobre la instauración de la cadena perpetua para los delincuentes sexuales y reincidentes, algo que dicen es anticonstitucional. Pero anticonstitucionales son todos ellos, que han permitido y siguen consintiendo con su silencio y su «laissez faire, laissez passer», dejar hacer, que la tortura sea legal en el Estado español, en sus comisarías, interrogatorios y juzgados, donde se silencia al torturado y se agasaja al torturador. También este preclaro portavoz del poder judicial ha negado repetidamente que en el estado español se torture, y ha prometido investigar para demostrar que no hay torturas. No va a preguntar a los miles de torturados y torturadas cómo, cuándo, dónde y quienes los torturaron. Como no se tortura, sólo va a hablar con los torturadores para indagar por qué malignos designios los torturados inventan semejantes patrañas y si, más bien, no habría que abrir diligencias y juzgarles por mentirosos. De esa manera los torturados son, con su ayuda, criminalizados. Es el mismo silencio de las aulas que se nos impuso con la dictadura de Franco. Igual se comportaron los inquisidores de la Edad Media y los jueces de la época de Videla y Pinochet, el mismo talante sumiso e inhumano de los jueces de los países donde se practica la tortura sistemáticamente. Digámoslo claramente: hay tortura porque los jueces colaboran con ella, al igual que hay tabús por la represión y el silencio de miedo que imponen, y no por la justicia que imparten. Es lo que en Bilbo diríamos la ética del polvo real o el silencio impuesto del presente.

Volviendo a la reflexión sosegada de Pascual Serrano, «lo grave de todo esto es la pasividad con que la ciudadanía está viviendo esta escalada de ataques a las libertades. Que alguien pague el sueldo mínimo de cinco meses por quemar una foto o vaya a la cárcel por retirar un trapo sin que esta sociedad reaccione es una prueba de cómo pudo llegar sin oposición el fascismo en el siglo pasado».